Pamplona, 3 ago.- La presidenta del Gobierno foral, Yolanda Barcina, quiere "pasar página" tras descartar el Tribunal Supremo su imputación por el caso de las polémicas dietas de Caja Navarra, como pedía un juzgado de Pamplona, un proceso que reconoce ha sido duro porque "muchos han emitido condena" sin haberse celebrado juicio.
Barcina reconoce que vive momentos de "satisfacción" tras archivarse la causa instruida en Pamplona, en la que sí fueron imputados su antecesor, Miguel Sanz, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y el exconsejero de Hacienda Álvaro Miranda, así como el exdirector general de la caja, Enrique Goñi.
En una entrevista concedida a Efe, la también presidenta de UPN quiere dedicarse ahora "con más intensidad todavía" a resolver los problemas ciudadanos, en un momento en el que el embate de la crisis es intenso y en el que también cree recompuesta la unidad en su partido, tras el último Congreso en el que se le disputó la presidencia.
En cuanto al caso de Caja Navarra (CAN), considera que "al final se ha puesto de manifiesto la verdad", aunque el proceso "ha sido utilizado" contra su Gobierno durante "meses de desprestigio", por lo que ni una resolución judicial "tan clara" podrá resarcirle a ella y a su familia del "sufrimiento creado".
Preguntada por si en algún momento del último año se planteó dimitir, asegura que "estaba muy tranquila en conciencia" y "no quería pensar otra posibilidad que la de que el Tribunal Supremo tenía que poner de manifiesto la verdad, que aquí no había más".
"Mi futuro político es hoy el mismo que hace dos años, pero han sido dos años muy complicados, por la crisis económica y por cómo formaciones políticas han utilizado los juzgados", para reconocer que las dietas que cobró de la CAN eran "una práctica que ha afectado a personas de todos los partidos políticos", establecida "hace muchos años en época de bonanza económica, pero que en estos momentos no proceden".
"Por eso he pedido perdón. Lo digo con total sinceridad, por no haberme dado cuenta de que había que haberlo cambiado un poquito antes", señala para indicar que en consecuencia, hace dos años ella misma eliminó esas dietas y propició quitar la remuneración que percibían los miembros del Gobierno de empresas públicas.
Ahora cree que "todos los políticos debemos hacer un gran esfuerzo de transparencia, ya que por la difícil situación económica hay cosas que ni se pueden ni se van a poder hacer igual que antes", cuando "quizá en toda la clase política a nivel nacional ha habido una cierta relajación en época de bonanza económica. Ahora en los tribunales hay muchísimos casos sobre la financiación de partidos".
Sobre la situación de su gobierno en minoría y la aprobación de varias leyes impulsadas por la oposición, lamenta que el PSN "se deje arrastrar por los nacionalistas" en esta táctica, en la que en varios casos se ha advertido de una posible inconstitucionalidad, algo que "crea inseguridad jurídica en los ciudadanos".
En cuanto a la moción de censura contra ella, que no fructificó por la abstención del PSN, señala que demuestra la "heterogeneidad" de la oposición y su incapacidad para ponerse de acuerdo "a la hora de tomar decisiones ejecutivas".
Todo ello, sostiene, revela que "hoy el Gobierno de Navarra o lo lidera UPN o Bildu, un partido que no respeta nuestras leyes ni nuestra identidad", como a su juicio se vio con el "boicot que quisieron hacer en algo tan querido para los navarros como el chupinazo" de los sanfermines, retrasado este año por la colocación de una gran ikurriña ante la fachada del Ayuntamiento de Pamplona.
Respecto a la situación interna de su partido, del que renovó la presidencia en abril por un ajustado 51,58 % de los votos sobre su oponente, el hasta entonces vicepresidente Alberto Catalán, asegura que trabajan de nuevo juntos ambos sectores "en la defensa de los intereses de los navarros y de nuestra identidad", y que el pronunciamiento "tan claro y rotundo" del Tribunal Supremo "ha dado fuerza y ánimo renovado" a UPN.
También defiende con firmeza la "claridad" de las cuentas del partido, auditado "continuamente" y en el que el hecho de no aceptar donaciones y no pedir créditos es "una garantía para todos los navarros, porque nunca se nos ha condonado" ninguna deuda.
Asegura que la relación con el Gobierno de Mariano Rajoy es "buena", como lo demuestra el impulso al Canal de Navarra como "única obra pública que este año apruebe el ministerio de Agricultura en España", si bien reconoce que "la difícil situación económica" ha frenado el proyecto del TAV en la Comunidad foral.
También se siente respaldada por el Gobierno de Mariano Rajoy ante la polémica surgida en los últimos meses con voces que se quejaban del supuesto "privilegio" del convenio Navarra-Estado, que Barcina defiende como "un derecho. Navarra es solidaria con el resto de España y siempre lo hemos usado con lealtad al país".
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