Madrid, 9 abr.- La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha instado al Gobierno a regular ya la equiparación de personas con capacidad intelectual límite para que puedan acogerse a las medidas de fomento del empleo.
Esto es lo que ha trasladado la institución ante una queja planteada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) sobre la falta de regulación de medidas de acción positiva para las personas con capacidad intelectual límite.
Becerril recomienda proceder, "con la mayor brevedad posible", a dar cumplimiento al mandato de la Ley de adaptación normativa a la Convención de la ONU, y, además, aprobar las normas reglamentarias "que sean necesarias" para que las personas que no alcancen un grado de discapacidad del 33 % puedan ver reconocida su situación y acogerse a las medidas de fomento al empleo.
La Defensora afirma que, según le fue trasladado por parte de la Secretaría de Estado de Empleo y de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, "entendió que se habían iniciado ya los trabajos para la elaboración del Proyecto de Ley de promoción de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, el cual debería presentarse en las Cortes Generales antes del verano".
El objetivo de este Proyecto de Ley, según informa, es establecer un nuevo sistema de promoción que ayude a la creación y al mantenimiento del empleo de calidad de estas personas, previa consulta a las Comunidades Autónomas, a los interlocutores sociales y a las asociaciones más representativas.
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