MILÁN, 11 abr Reuters) - El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, está citado el lunes en los tribunales para enfrentarse con el último de una serie de procesos judiciales en los que en semanas tendrá que defenderse de cargos que van de fraude fiscal a pago por sexo con una menor.
El juicio del lunes se centra en las acusaciones de que el imperio mediático de Berlusconi, Mediaset, compró derechos de televisión y de películas a precios inflados a través de organizaciones situadas fuera del país, evitando pagar impuestos y creando fondos secretos.
Tanto Berlusconi como Mediaset niegan los cargos y los abogados del primer ministro, que acudieron a una primera vista el 28 de marzo, dijeron la semana pasada que iría al tribunal de Milán, donde se espera que los jueces interroguen a testigos de la defensa.
El primer ministro ha rechazado las peticiones de la oposición para que dimita y, tras superar una división del partido el año pasado, parece tener apoyos en el Parlamento para afrontar lo que le queda de mandato, que termina en 2013.
El juicio de Mediaset es uno de la serie de tres, todos relacionados con la venta de derechos de televisión y películas que se remontan a los años 90.
El caso no está relacionado con el "Rubygate", en el que el primer ministro está acusado de pagar por tener relaciones sexuales con una bailarina adolescente, demasiado joven según la legislación italiana para prostituirse.
Berlusconi, que ha afrontado al menos una docena de juicios en los últimos años, niega los cargos que pesan contra él y dice que ha sido víctima de magistrados izquierdistas que están usando el sistema legal para derrocarle.
Su Gobierno ha impulsado leyes para recortar los poderes de los magistrados, lo que le ha valido críticas de que ha intentado aprobar leyes a medida para permitirle evadir de la justicia.
Los juicios fueron suspendidos por una medida introducida por su propio Gobierno que le permitieron argumentar que sus obligaciones oficiales hacían que no tuviera tiempo suficiente para preparar su defensa y que podría por ello pedir inmunidad mientras estuviera en el cargo.
La medida fue levantada por el Tribunal Constitucional en enero, lo que llevó a los magistrados a reabrir los procesos por fraude y llevar a juicio el caso por prostitución.
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