Bildu. Gobierno y fiscalía renuncian a impugnar otra vez las listas de bildu

El Gobierno y la Fiscalía han renunciado a volver a impugnar las candidaturas de Bildu y han decidido no utilizar las nuevas herramientas legales que les permitían actuar contra la coalición durante la campaña electoral ante la falta de nuevas pruebas con las que poder revocar la decisión del Tribunal Constitucional.

La Fiscalía General del Estado y el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, tenían de plazo hasta la medianoche de hoy, jueves, para presentar sus nuevas impugnaciones. Fuentes de ambas instituciones comunicaron a Servimedia que han renunciado a actuar contra Bildu por esta vía.
Fuentes del departamento dirigido por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, señalaron que “no hay base” para actuar en este momento contra la coalición formada por Eusko Alkartasuna, Alternatiba y miembros de la izquierda abertzale porque desde el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (el pasado 5 de mayo) no ha aparecido ningún elemento probatorio nuevo que pueda desvirtuar la decisión judicial.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han insistido que el hecho de que el etarra Ander Errandonea mostrase este martes una pancarta de apoyo a Bildu nada más salir de la prisión de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) no puede ser utilizado como prueba jurídica contra la coalición ya que se trata de un “comportamiento de terceros”.
Sólo presentarían impugnaciones contra las candidaturas en el hipotético caso de que en las pocas horas que quedan para finalizar el plazo aparezca un nuevo elemento probatorio contra Bildu suficientemente sólido, algo que parece poco probable.
La Fiscalía General del Estado había pedido a la Guardia Civil y a la Policía Nacional que mantuviesen abiertas sus investigaciones contra Bildu por si aparecía algún elemento novedoso. La Abogacía del Estado, por su parte, señaló que el departamento está trabajando para que todas las candidaturas “se ajusten a la ley”.
El Tribunal Constitucional revocó minutos antes de la medianoche del 5 de mayo la sentencia del Supremo que vetó las listas de Bildu y decidió permitir que todas las candidaturas de la coalición formada por Eusko Alkartasuna, Alternatiba y miembros de la izquierda abertzale participen en las elecciones del próximo 22 de mayo. El Pleno del Constitucional adoptó esta decisión por seis votos contra cinco.
NUEVA HERRAMIENTA JURÍDICA
Fiscalía y Abogacía del Estado podían haber vuelto a impugnar las listas de Bildu durante la campaña electoral gracias a la reciente reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg). Antes de esta modificación, sólo cabía la impugnación de listas electorales antes de que comenzase la campaña con la tradicional pegada de carteles.
Con la reforma, las listas de Bildu o de cualquier formación que se considerase ilegal podrían haber sido impugnadas hasta la medianoche de hoy.
Con este nuevo calendario, el Supremo hubiese tenido de plazo hasta el domingo 15 de mayo para resolver, mientras que el Tribunal Constitucional tendría que haberse pronunciado antes de las 24.00 horas del viernes 20 de mayo, justo antes de que comience la jornada de reflexión y a dos días sólo de que tengan lugar los comicios.
RETIRADA DEL ACTA
La Fiscalía y la Abogacía del Estado todavía disponen de herramientas jurídicas para actuar contra Bildu y sus miembros si, una vez celebradas las elecciones, aparecen nuevas pruebas con las que se pueda demostrar una supuesta vinculación a ETA.
Estas instituciones podrían acudir al Tribunal Supremo para pedir la ilegalización de los partidos que componen Bildu antes incluso de que los miembros de la coalición que salgan elegidos en las elecciones del 22 de mayo tomen posesión de sus cargos.
Pero la reciente reforma de la Loreg también habilita nuevas herramientas para poder retirar el acta a los concejales que pertenezcan a un partido que se demuestre que tiene vínculos con organizaciones terroristas.
Fuentes fiscales señalaron que estos escenarios se contemplarían, por ejemplo, si ETA realiza un atentado y los cargos públicos de Bildu se negasen a condenarlo.