Birmania rechaza la intervención de la OCI en los disturbios sectarios

  • El Gobierno de Birmania (Myanmar) ha descartado la intervención de la Organización de la Cooperación Islámica (OCI) en la violencia entre budistas y musulmanes que ha sacudido al país asiático, dijo hoy un portavoz gubernamental.

Bangkok, 18 abr.- El Gobierno de Birmania (Myanmar) ha descartado la intervención de la Organización de la Cooperación Islámica (OCI) en la violencia entre budistas y musulmanes que ha sacudido al país asiático, dijo hoy un portavoz gubernamental.

"Los recientes conflictos en el país son asuntos internos. Es por esto que creemos que no existe razón alguna para la intervención de una organización internacional", declaró al medio birmano "Irrawaddy" el viceministro de Información, Ye Htut.

El alto funcionario defendió la respuesta oficial al brote de violencia interreligiosa ocurrido en marzo en la región central del país y apuntó que, en todo caso, ellos no han recibido una solicitud formal de la OCI hasta la fecha.

La declaración del viceministro responde a los comentarios que el secretario general de la OCI, Ekmeleddin Ihsanoglu, hizo el domingo pasado en una reunión ministerial en Arabia Saudí, al calificar de "inaceptable" la violencia contra la comunidad musulmana en Birmania y reclamar su cese inmediato.

El académico y diplomático turco también criticó entonces la estrategia de las autoridades birmanas para sofocar los enfrentamientos.

La discusión entre un comerciante budista y un cliente musulmán en la ciudad de Meiktila (centro) desencadenó el mes pasado una ola de violencia que causó 43 muertos, decenas de heridos, 12.000 desplazados y cientos de edificios calcinados.

El año pasado, la violación y asesinato de una joven budista a manos de varios musulmanes en el Estado de Rakhine (oeste) desató otra ola de violencia que surgió en junio y reapareció en octubre que causó la muerte de 163 personas y dejó más de 100.000 desplazados, de los que gran parte aún continúa en campamentos de refugiados.

La ONU, Estados Unidos, la Unión Europea y gobiernos de otros países han expresado su preocupación por la inestabilidad que causa el conflicto interreligioso en un país que acomete un proceso de reformas democráticas y con cerca de 60 millones de habitantes, de los que el 89 por ciento son budistas, un 4 por ciento musulmanes y el resto de otras creencias.

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