Brasil, Chile, Perú y Bolivia frustran envío de 400 kilos de cocaína a Europa

La Paz, 7 feb.- Las policías de Bolivia, Brasil, Chile y Perú frustraron el envío de 400 kilos de cocaína impregnada en más de 6.000 bolsas de papel que iban a ser enviadas a Egipto para su posterior distribución en Europa, informaron hoy fuentes oficiales.

Las bolsas tenían carbón vegetal y fueron halladas en una empresa de transporte allanada el lunes en la ciudad de Santa Cruz (este), informó a los medios el fiscal antinarcóticos Iván Ortiz.

La droga iba a ser transportada por carretera hasta el puerto chileno de Arica y de ahí en barco hasta Puerto Said, Egipto, pasando por el Canal de Panamá y el puerto español de Algeciras, dijo el jefe de la policía antidrogas, coronel Gonzalo Quezada.

Agregó que la operación fue coordinada con la policía federal brasileña y las fuerzas antidrogas peruana y chilena.

Según investigaciones preliminares, el dinero para financiar el envío fue enviado desde Colombia.

Bolivia es el tercer productor mundial de cocaína y de su materia prima, la hoja de coca, tras Colombia y Perú, y el principal proveedor de esas drogas para Brasil, Argentina, Chile y los demás países del Cono Sur, según la ONU.

Según ese organismo, Bolivia tenía en 2010 más de 31.000 hectáreas de cocales, 22 % más que antes que el presidente Evo Morales, líder de sindicatos de cocaleros, llegara al poder en 2006.

Militares y policías bolivianos fueron expulsados en enero del pueblo de La Asunta, al noreste de La Paz, por cocaleros de la zona que rechazan la destrucción de sus cultivos.

Los mismos productores azotaron el lunes con fustas a cuatro agentes de la fuerza militar-policial encargada de destruir las plantaciones ilegales, informó el Gobierno, que se limitó a amenazarlos con cumplir la ley.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que se aplicará "la legalidad" a quienes impidan la erradicación de hojas de coca, pero no anunció medidas concretas.

Un dirigente cocalero declaró al canal privado PAT que a los agentes se les aplicó la llamada "justicia comunitaria", por no haber consultado primero a los habitantes de La Asunta sobre la destrucción de los cocales.