El procurador general Rodrigo Janot exige en el caso contra el líder de la Cámara baja, Eduardo Cunha, el pago de 80 millones de dólares: 40 millones para restituir los fondos que fueron arrebatados a Petrobras por empresas que le sobrefacturaron contratos para financiar los sobornos y otro tanto en concepto de multa.
De acuerdo con el fiscal, parte de ese monto desviado terminó en manos del diputado.
"El procurador de la República Rodrigo Janot envió una denuncia a la Corte Suprema por la que acusa al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, de haber recibido sobornos por el valor de al menos USD 5 millones para viabilizar la construcción de dos navíos sonda de Petrobras en el período entre junio del 2006 y octubre del 2012", señaló la fiscalía en un comunicado.
Cunha es uno de los políticos más poderosos e influyentes del país y está en guerra abierta con el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff desde que la justicia hizo público el testimonio de un acusado del caso que declaró haberle pagado un soborno.
Fue denunciado por corrupción pasiva y lavado de dinero junto a la exdiputada Solange Almeida, a quien la fiscalía señala de haber participado en las presiones ejercidas sobre intermediarios de empresas para que les transfieran el dinero sucio.
"Cunha recibió ventajas indebidas para facilitar y viabilizar la contratación del astillero Samsung (...) sin licitación", indica el texto publicado por el organismo de la Justicia.
El diputado, afín a la iglesia evangélica Asamblea de Dios y dueño de la agenda parlamentaria desde que asumió como líder de la cámara este año, se declaró inocente y afirmó sentirse "aliviado, ya que ahora el asunto pasa al Poder Judicial".
A través de sus cuentas de Twitter y Facebook, este legislador de alto perfil y poseedor de más de 150 dominios de internet con la palabra "Jesús", no ahorró munición gruesa: "Asistiremos a la comprobación de la actuación del Gobierno, que propuso la reelección del procurador en una tentativa de hacerme callar y tomar represalias por mi actuación política".
El Gobierno, por su parte, divulgó poco después una nota donde señala que no responderá al líder de la Cámara baja y que la "presidenta Dilma confía en la imparcialidad de las instituciones".
La denuncia contra el actual senador Collor está bajo secreto de sumario y no fueron informados los cargos.
Collor, que asumió la presidencia de Brasil en 1990 y renunció poco antes de que se votase su juicio político para destituirlo, fue blanco de un sonado allanamiento el mes pasado, en el que las autoridades secuestraron pruebas, documentos y bienes de sus viviendas, entre ellos tres vehículos de lujo.
Después del procedimiento, el exmandatario insultó a Janot en el Congreso.
Este jueves calificó la denuncias en su contra de "festín mediático en detrimento del derecho y de las garantías individuales", a través de su cuenta de Twitter.
Si bien no fueron especificados los cargos contra el senador, la causa que investiga el llamado "Petrolao" indaga sobre la formación de una red que cometía los delitos de cártel, fraude, corrupción pasiva y activa y lavado de dinero.
Ahora, la Corte Suprema, encargada de juzgar los delitos cometidos por políticos con fueros, deberá responder si acepta los procesos en los próximos días y definir si Cunha y Collor van a juicio.
La fase política del caso incluye cerca de 50 nombres en investigación, mayormente son políticos con fueros privilegiados.
El caso Petrobras es considerado el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil y le ha costado a la petrolera que fue sinónimo de futuro en el país más de 2.000 millones de dólares en pérdidas.
La trama fue descubierta por las autoridades mediante un procedimiento menor de transacciones ilegales de divisas en una gasolinera en Brasilia, y ya llevó a prisión al extesorero del gobernante Partido de los Trabajadores, Joao Vaccari Neto, y a los presidentes de las gigantes de la construcción Odebrecht, Andrade Gutierrez y Camargo Correa.
También están detenidos cuatro exdirectores de la estatal y un exgerente que desvió a Suiza casi 100 millones de dólares.
De acuerdo con la investigación, las principales constructoras de Brasil formaron un cártel para manipular licitaciones de Petrobras mediante el pago de sobornos a directivos de la estatal vinculados a partidos políticos, que luego eran distribuidos entre los confabuladores.
La tasa media de los sobornos fue estimada entre 1% y 3% del valor de los contratos, según los textos del juez, y los fondos obtenidos luego eran desviados a cuentas personales y a varios de los principales partidos políticos del país.
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