El procurador general Rodrigo Janot exige en el caso contra el líder de la Cámara baja, Eduardo Cunha, el pago de 80 millones de dólares: 40 millones para restituir los fondos que fueron arrebatados a Petrobras por empresas que le sobrefacturaron contratos para generar un excedente que financiara los sobornos y otro tanto en concepto de multa.
De acuerdo con el fiscal, parte de ese monto desviado terminó en manos del diputado.
"El procurador de la República Rodrigo Janot envió una denuncia a la Corte Suprema por la que acusa al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, de haber recibido sobornos por el valor de al menos USD 5 millones para viabilizar la construcción de dos navíos sonda de Petrobras en el período entre junio del 2006 y octubre del 2012", señaló la fiscalía en un comunicado.
Cunha es uno de los políticos más poderosos e influyentes del país y está en guerra abierta con el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff desde que la justicia hizo público el testimonio de un acusado del caso que declaró haberle pagado un soborno.
Cunha fue denunciado por corrupción pasiva y lavado de dinero junto a la exdiputada Solange Almeida, a quien la fiscalía señala de haber participado en las presiones ejercidas sobre intermediarios de empresas para que les transfieran el dinero sucio.
"Cunha recibió ventajas indebidas para facilitar y viabilizar la contratación del astillero Samsung (...) sin licitación", indica el texto publicado por el organismo de la Justicia.
Según la fiscalía, la negociación fue hecha por un intermediario ligado a Petrobras y al PMDB (partido de centro al que pertenece Cunha) y un operador que representaba a Samsung a través de otra compañía.
La denuncia contra el actual senador Collor está bajo secreto de sumario y no fueron informados los cargos.
Collor, que asumió la presidencia de Brasil en 1990 y renunció poco antes de que se votase su juicio político para destituirlo, fue blanco de un sonado allanamiento el mes pasado, en el que las autoridades secuestraron pruebas, documentos y bienes de sus viviendas, entre ellos tres vehículos de lujo.
Después del procedimiento, Collor insultó a Janot en el Congreso.
Si bien no fueron especificados los cargos contra el exmandatario, la causa que investiga el llamado "Petrolao" indaga sobre la formación de una red que cometía los delitos de cártel, fraude, corrupción pasiva y activa y lavado de dinero.
Ahora, la Corte Suprema, encargada de juzgar los delitos cometidos por políticos con fueros, deberá responder si acepta los procesos en los próximos días y definirá si Cunha y Collor van a juicio.
La fase política del caso incluye 47 nombres en investigación, que mayormente son políticos con fueros privilegiados más algunas personas cuya vinculación a esos procesos es tan estrecha que no pueden indagarse separadamente.
El caso Petrobras es considerado el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil y le ha costado a la petrolera que fue sinónimo de futuro en el país más de 2.000 millones de dólares en pérdidas.
La trama fue descubierta por las autoridades mediante un procedimiento menor de transacciones ilegales de divisas en una gasolinera en Brasilia, y ya llevó a prisión al extesorero del gobernante Partido de los Trabajadores, Joao Vaccari Neto, y a los presidentes de las gigantes de la construcción Odebrecht, Andrade Gutierrez y Camargo Correa.
También están detenidos cuatro exdirectores de la estatal y un exgerente que desvió a Suiza casi 100 millones de dólares.
El submundo de corrupción que se enquistó en la estatal Petrobras generó una extensa lista de detenciones, procedimientos secretos, delaciones premiadas y condenas.
Su estallido marcó la convulsionada agenda de Brasil este año y cada nueva revelación produce un cimbronazo político por sus ramificaciones con la élite empresaria y política del país.
De acuerdo con la investigación, las principales constructoras de Brasil formaron un cártel para manipular licitaciones de Petrobras mediante el pago de sobornos a directivos de la estatal vinculados a partidos políticos, que luego eran distribuidos entre los confabuladores.
La tasa media de los sobornos fue estimada entre 1% y 3% del valor de los contratos, según los textos del juez.
Los fondos obtenidos luego eran desviados a cuentas personales y a varios de los principales partidos políticos del país.
dw/lbc/cd
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios