Caamaño asegura que el Estatuto es constitucional mientras el TC no diga lo contrario

Madrid.- El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha asegurado hoy en relación al Estatuto de Cataluña que cualquier ley es constitucional mientras el Tribunal Constitucional (TC) no diga lo contrario, y no al revés.

En un desayuno informativo organizado por el Foro Nueva Economía, el ministro ha indicado que cuando se asegura que el Estatuto de Cataluña es constitucional, lo único que se está diciendo es que, en principio, se respeta la presunción de constitucionalidad de las normas aprobadas por los Parlamentos democráticos.

"En un estado democrático, las leyes no son inconstitucionales cuando las aprueba un Parlamento y solo son constitucionales cuando lo dice el TC", ha reiterado Caamaño.

Sobre el plazo para que el alto tribunal dicte la sentencia sobre el Estatuto, Caamaño ha insistido en que "los tiempos de la Justicia nunca son los tiempos de la política" y ha dicho que el TC tiene que realizar su trabajo "en los ritmos que estime convenientes, según su agenda de trabajo".

Lo que, en opinión de Caamaño, debe hacer el TC es "mantener ese mismo ritmo y dictar al final una buena sentencia como hace siempre, fundada en Derecho y explicando qué elementos son o no, solo con la Constitución en la mano, constitucionales".

Por otra parte, el ministro no ha querido pronunciarse sobre el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía que afirma que la dirección del PPCV organizó la financiación ilegal del partido a través de la empresa Orange Market.

Este informe fue rechazado en su día por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que archivó la causa contra el presidente de esta comunidad, Francisco Camps, por un supuesto delito de "cohecho impropio" en el caso Gürtel, decisión judicial que Caamaño no ha querido valorar "por respeto a la independencia del poder judicial".

Sobre las críticas del PP a la Fiscalía, a la que los populares han acusado de dar "un trato distinto" a los integrantes de este partido que a los socialistas, el titular de Justicia ha considerado que no es bueno cuestionar la profesionalidad de servidores públicos como los fiscales.

Además, ha considerado peligroso poner en cuestión las instituciones, no solo la Fiscalía, sino a los jueces y a la Policía, que son "básicas en un Estado de Derecho".

Preguntado por la posibilidad de que una hija suya abortara sin consultarle, el ministro de Justicia ha señalado que si tuviese una hija entre los 16 y los 18 años y fuese obligatorio tener que ser acompañada al sistema de salud por un adulto o por su padre "y precisamente porque ella no confiase en mí se fuese a un circuito no controlado para practicarle la interrupción voluntaria del embarazo, como padre tendría una doble preocupación".

Por tanto, ha agregado: "prefiero confiar en mi hija, prefiero que si algo me tiene que decir que me lo diga ella y que no sea una ley o el cumplimiento de una ley la que pueda poner en peligro su vida porque por miedo a decírmelo vaya a un circuito no controlado por el sistema público de salud".