Madrid, 22 jul.- El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha defendido los cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que afectan a la publicidad de las actuaciones, como no facilitar la identidad o imagen del investigado, para salvaguardar la presunción de inocencia frente a posibles excesos.
"Se intenta compaginar la presunción de inocencia con la libertad y el derecho de información porque se han cometido excesos, ha dicho Caamaño en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al que ha presentado dos anteproyectos que suponen una reforma integral de la LECrim.
Caamaño ha aludido a la conocida como "pena de telediario", que ha supuesto que debido a las filtraciones que trascienden a la opinión publica algunas personas pudieran aparecer como culpables sin que existiera una acusación formal, lo que afecta en opinión del ministro a la presunción de inocencia.
A partir de ahora será el fiscal, encargado de la investigación, quien informe a los medios de comunicación sobre el proceso de investigación abierto, sin facilitar la identidad o imagen del investigado durante la fase de instrucción.
Una medida que sigue las pautas del modelo francés y el alemán y que podrá evitar polémicas como las suscitadas en casos como la operación Pretoria cuando se pudo ver esposados a los detenidos entrando en la Audiencia Nacional.
El titular de Justicia también ha defendido las razones que han llevado al Gobierno a introducir limitaciones en el ejercicio de la acción popular, que ahora no podrá actuar si el fiscal o la víctima piden el archivo del caso, ni podrán ejercerla las administraciones públicas, partidos políticos o sindicatos.
Una medida que también ha sido muy reclamada por quienes criticaban que la única acusación popular del sindicato ultraderechista Manos Limpias pudiera llevar al banquillo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.
Según Caamaño, la reestructuración de la acción popular es un elemento más de racionalización en el proceso penal y no parecía razonable que si el fiscal representa el interés general estén también en la causa partidos o sindicatos.
Para el ministro también es razonable que si ni el fiscal ni las víctimas acusan, tampoco pueda hacerlo la acusación popular si el delito es un delito que protege un bien individual y no está en juego el interés general.
En la rueda de prensa, Caamaño también se ha referido a la creación de los Consejos de Justicia autonómicos, aún pendiente de aprobación, al explicar que el Gobierno quiere cumplir su compromiso.
Tras recordar que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto de Cataluña no declaró inconstitucionales estos consejos, el titular de Justicia ha reconocido que la tarea de búsqueda del consenso es más compleja que en otros ámbitos.EFE
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