La defensa legal de Caixabank ha negado ante el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata cualquier irregularidad en la operación de compra del banco portugués BPI y se ha escudado en su sistema de compliance para defender la operativa que está bajo la lupa de los investigadores por haber causado, según sostiene el instructor, un importante perjuicio económico para la entidad. Se trata del primer interrogatorio de la entidad, tras su imputación en el procedimiento como persona jurídica hace ahora dos años. Aunque para este lunes también estaba citado Isidro Fainé, éste no ha podido declarar debido a problemas técnicos con la videoconferencia, ya que tenía previsto intervenir desde los juzgados de Barcelona.
Así lo confirman fuentes presentes en el interrogatorio en el cual tampoco ha podido participar la defensa legal de Criteria Caixa. De este modo, la sesión de hoy solo ha contado con los testimonios de la entidad -representada por el director de la Asesoría Jurídica, Ignacio Redondo- y con el del exasesor de Fainé y directivo de Caixabank, Alejandro García Bragado. Todos ellos estaban citados por el instructor en el marco de la ronda de interrogatorios que seguirá este miércoles con el actual consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar. Aunque la causa arrancó en la Audiencia Nacional en julio de 2018, los interrogatorios se celebran esta semana, coincidiendo con el proceso de fusión entre la entidad catalana y Bankia.
La causa, que se abrió a tenor de una querella presentada por dos accionistas del banco, se centra en investigar los hechos que rodean la entrada en el capital de la entidad lusa, tales como el contrato de permuta de Caixabank con su accionista de control Criteria. El magistrado asegura que el acuerdo firmado en diciembre de 2015 -coincidiendo con la creación de una nueva subdirección general responsable del compliance- estipulaba un precio fijo. De tal modo, no recogía el incremento del valor de las acciones que previsiblemente se produciría cuando se conociera que Bank of East Asia (BEA) pudiera ser objeto de venta en un futuro cercano. Cabe recordar que el Grupo Caixa, presidido entonces por Fainé, entró en el capital de BEA en 2007, lo que potenció la posición de la entidad en el mercado bancario chino.
Perjuicio de 654 millones
La transmisión de capital del BEA a Criteria se produjo al precio pactado en el contrato de permuta, sin incorporar las subidas que se produjeron en la cotización. Esto se traduce en un perjuicio para La Caixa de 654,7 millones de euros y un beneficio para Criteria de la misma cantidad. A ello habría que añadirle otro perjuicio más -de 370,5 millones de euros- por privar a la entidad de las acciones del BEA puesto que éstas se revalorizaron. pero al fijar el contrato un precio fijo por la operación, no hubo beneficio alguno. Sobre todos estos asuntos ha sido preguntada la defensa legal del banco la cual se ha limitado a defender que el sistema de compliance funcionó y que, por tanto, se actuó acorde a los principios generales de la política corporativa.
Los querellantes recogieron en su denuncia inicial que, pese a lo expuesto, el hecho relevante remitido por Caixabank a la CNMV en diciembre de 2015 declaraba que la ejecución de la amortización del 9,9% de acciones propias por Caixabank no provocaría ningún perjuicio patrimonial. Sin embargo, medio año después, en mayo de 2016, se trasladó que las transmisiones previstas tendrían un impacto de 14 millones de euros en los resultados consolidados. A juicio de los querellantes, esto se traduce en que el Consejo de Administración no informó de que se habían eliminado las restricciones en caso de OPA por lo que denunciaron "abuso de información privilegiada y de posición dominante" de Criteria.
Niegan la operación con Angola
Redondo también ha sido preguntado por la otra operativa investigada en este procedimiento penal, relativa al préstamo de 400 millones de euros al Banco de Fomento de Angola (BFA). De acuerdo con las fuentes consultadas, éste ha negado la existencia de la operación en la que estaría implicada Isabel do Santos, hija del expreisdente de Angola José Eduardo do Santos y segunda accionista del BPI. Los investigadores sospechan que el crédito enmascaró un pago para que ésta apoyara la eliminación de restricciones de voto del BPI y, por tanto, facilitara la entrada de la entidad en el banco.
De acuerdo con el auto que dio origen a este procedimiento, en el ejercicio 2017 se recogió una pérdida de 102 millones de euros que se contabilizó como el efecto de la "toma de control sobre el banco BPI". Es decir, argumentaron que como consecuencia de la venta del 2% de BFA a Unitel (entidad cuya titular es Do Santos), BPI redujo su participación en BFA pasando a perder el control, lo que se tradujo en unas pérdidas de 102 millones de euros. Al respecto, De la Mata -que investiga si estos hechos son constitutivos de abuso de mercado, administración desleal y delitos societarios- advirtió que, en el momento en que se cerró esta operación, Caixabank concedió un préstamo de 400 millones de euros al banco angoleño.
Esa cuantía se negoció como "contraprestración" de Caixabank a cambio de que la hija del expresidente angoleño respaldase la eliminación de las restricciones de voto del BPI. El resultado, según los investigadores, se traduce en un trasvase de valores a Critera a cambio del control en BPI y de una "pérdida millonaria" en operaciones de autocartera. Prueba de que De la Mata quiere seguir indagando en estos hechos es que el pasado mes de julio, cuando acordó todas estas citaciones, libró oficio también al Banco de España para que designara a un inspector que elabore un informe sobre estas operaciones. Para este miércoles, además de Gortázar también está llamado a declarar en calidad de investigado el entonces director de cumplimiento normativo, Juan Antonio Álvarez García.
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