Campaña en Cataluña contra reforma de pensiones subirá de tono en diciembre

Barcelona, 29 nov.- La campaña contra la reforma de las pensiones iniciada en Cataluña por miles de jubilados subirá de tono el próximo diciembre cuando éstos trasladarán sus quejas desde las oficinas del INSS a los juzgados de lo social, con la vista puesta en llegar después al Tribunal Constitucional (TC).

La última reforma del sistema de pensiones, acordada por el Gobierno en 2013, ha soliviantado al colectivo de jubilados, que denuncia que el IPC sea sustituido como referente para revisar la cuantía de las pensiones por un Índice de Revalorización (IR) que no garantiza que se mantenga el poder adquisitivo.

Según los cálculos del Ejecutivo, la aplicación del IR y del factor de sostenibilidad, la otra gran novedad de la reforma, supondrá un ahorro para las arcas públicas de 32.939,95 millones de euros entre 2014 y 2022 sobre la cantidad que hubieran cobrado los pensionistas de haberse mantenido el actual modelo.

Entre los diferentes movimientos de protesta nacidos a raíz de esta reforma en el tejido social catalán, "la Marea Pensionista" ha destacado por su campaña de presentación colectiva de manera periódica de demandas ante la sede del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) en Barcelona contra el Real Decreto que suprime la revalorización automática de las pensiones con el IPC del año anterior.

Esta supresión ha llevado a que en 2014 los pensionistas españoles hayan visto como sus pensiones subían sólo un 0,25 %, porcentaje que está por debajo del IPC, por lo que han perdido poder adquisitivo.

En sus demandas, todas idénticas siguiendo un modelo recomendado por el despacho de abogados Colectivo Ronda, los pensionistas solicitan la subida según el IPC anual y piden la declaración de inconstitucionalidad de la revalorización del 0,25 %.

El abogado del Colectivo Ronda Miguel Ángel Arenas ha explicado a Efe que son "miles y miles" las demandas que ya se han presentado ante el INSS y que el objetivo es que, de no obtener respuesta, las personas y colectivos implicados presenten ante los juzgados de lo social peticiones para llevar el caso ante el Tribunal Constitucional.

"El próximo 10 de diciembre empezaremos a presentar demandas individuales ante los juzgados de lo social, que sí pueden, a diferencia de nosotros, elevar una cuestión al Tribunal Constitucional, preguntándole si percibe un vicio de constitucionalidad", ha asegurado Arenas.

El letrado ha augurado una presentación "masiva" de demandas ante los juzgados de lo social en Cataluña, en especial en Barcelona, aunque también espera actuaciones relevantes en otras partes de España, para protestar por "el empobrecimiento" de un colectivo que se está convirtiendo en el sostén de familias enteras durante esta crisis.

Arenas recuerda que la pensión media del sistema general es en estos momentos de unos 1.000 euros, pero que esta cantidad baja hasta los 875 euros si se tienen también en cuenta las pensiones por incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares.

El empobrecimiento de los pensionistas cobra especial gravedad, según el Colectivo Ronda, cuando se analizan estadísticas como la que salió a la luz esta semana, según la cual el 19,9 % de los hogares españoles tiene como principal fuente de ingresos una prestación de jubilación.

Este porcentaje, además, se está incrementado a un ritmo de dos puntos por año desde hace cuatro años.

CCOO ha alertado también esta semana de que, de los nueve millones de jubilados en España, la mitad tiene pensiones por debajo del salario mínimo (645 euros al mes) y en un 14 % de los casos sus ingresos les sitúan por debajo del umbral de la pobreza.

En el caso de Cataluña, la perdida del poder adquisitivo de los pensionistas es aún mayor que en el conjunto de España, un -19 % frente al -14 %, según este sindicato.