Canarias cree que la reforma educativa puede ser inconstitucional

  • El Gobierno de Canarias no está de acuerdo con el anteproyecto de la Ley de la Mejora de la Calidad Educativa y cree que algunas de las medidas incluidas en él pueden ser inconstitucionales, ha indicado hoy el consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, José Miguel Pérez.

Las Palmas de Gran Canaria, 4 dic.- El Gobierno de Canarias no está de acuerdo con el anteproyecto de la Ley de la Mejora de la Calidad Educativa y cree que algunas de las medidas incluidas en él pueden ser inconstitucionales, ha indicado hoy el consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, José Miguel Pérez.

En su opinión, la propuesta supone "una modificación sustancial del reparto de responsabilidades en materia educativa entre la Administración central y las autonómicas", según indica en un comunicado de su Consejería.

Entre ellas destaca la fijación de currículo y la elaboración de las pruebas externas u otros aspectos relacionados con la remisión de información y datos al Ministerio de Educación y su posterior gestión.

Para el consejero, otro aspecto "claramente inconstitucional" es la modificación del reparto de responsabilidades entre la administración pública y las familias en la gestión de los centros educativos.

A su juicio, la propuesta de transformar los consejos escolares de órganos directivos a consultivos "es un desprecio a la participación democrática y un cambio sustancial del pacto constitucional".

Para Pérez, tanto el texto introductorio del anteproyecto como algunas medidas propuestas "contradicen la finalidad que la Constitución atribuye a la educación en cuanto a contribuir al desarrollo humano".

El consejero canario recuerda que ya en la Conferencia Sectorial del pasado 29 de octubre, el Gobierno de Canarias indicó al ministerio que la reforma que supone este anteproyecto es "innecesaria, inconveniente, inoportuna, poco innovadora y segregadora".

Considera que la reforma supone una nueva modificación de las leyes orgánicas que regulan la educación, sin haberse presentado evidencias suficientes, ni fundamentos que justifiquen dicha reforma.

Además, altera la norma constitucional con la exclusión de la participación activa de la comunidad educativa en el control y gestión de los centros educativos.

Destaca también que el anteproyecto "opta por un modelo de entrenamiento de talentos y actitudes naturales que van a ser evaluados externamente con la finalidad de separar al alumnado, se centra en los resultados y deja al margen los factores y procesos que influyen significativamente en la calidad, por lo que resulta profundamente segregadora".

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