Cancilleres esperan cerrar mañana en la OEA proceso de reforma de la CIDH

Lucía Leal

Washington, 21 mar.- Los cancilleres de los Estados miembros de la OEA están convocados este viernes a una reunión para cerrar un largo proceso de reforma a la CIDH, con el método de financiación como principal punto de división sobre la mesa.

La Organización de Estados Americanos (OEA) celebra una Asamblea General extraordinaria sobre el futuro de la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH), cuya financiación se ha convertido en objeto de debate debido, principalmente, a una serie de iniciativas lideradas por Ecuador y seguidas por Venezuela, Bolivia y Nicaragua.

Entre los cancilleres que han confirmado su asistencia está el de Ecuador, Ricardo Patiño; el mexicano, José Antonio Meade; la de Colombia, María Ángela Holguín; el argentino, Héctor Timerman; el de Perú, Rafael Roncagliolo; y el chileno, Alfredo Moreno.

También estará el ministro de Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez; el de Guatemala, Fernando Carrera; el de Costa Rica, Enrique Castillo; y el de Paraguay, José Félix Fernández.

Por parte de EE.UU. asistirá el subsecretario de Estado, William Burns, que se reunió hoy con Timerman y Moreno, y tiene previsto verse mañana con Holguín antes de la Asamblea; y por Brasil, Antonio Simoes, subsecretario de la Cancillería para Suramérica.

El Consejo Permanente de la OEA debatió el martes sin llegar a un consenso el borrador de resolución elaborado por un grupo de trabajo, y decidió finalmente elevarlo a la Asamblea General para que sean los cancilleres quienes decidan.

Ese borrador "toma nota" de la reforma de su propio reglamento que la CIDH aprobó esta semana, y que entrará en vigor el próximo 1 de agosto, lo que otorgaría un respaldo explícito de los Estados a ese trabajo de la Comisión como órgano autónomo.

Esa reforma ha modificado 13 artículos de la CIDH basándose en las opiniones de la sociedad civil y las 53 recomendaciones que emitieron los Estados de la OEA en enero de 2012 para mejorar el funcionamiento de la Comisión, que junto a la Corte Interamericana, conforma el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

Tal y como señaló hoy a la prensa el secretario Ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, el escenario es ahora "muy diferente" al que existía hace un año, cuando países como Ecuador y Venezuela comenzaron a insistir en que las recomendaciones aprobadas en la OEA pudieran emitirse en forma de mandato a la Comisión.

En la Asamblea General de junio pasado en Cochabamba (Bolivia), los cancilleres decidieron que la CIDH sometiera sus decisiones al escrutinio del Consejo Permanente para que este elaborara propuestas sobre cómo implementarlas, en un proceso que parece dispuesto a cerrarse con el visto bueno al reglamento aprobado por la Comisión.

No obstante, un grupo de países liderado por Ecuador ha abierto un nuevo debate, centrado fundamentalmente en cómo financiar la Comisión y sus ocho relatorías, centradas en colectivos específicos.

Ecuador defiende que la CIDH se financie únicamente por el presupuesto regular de la OEA y contribuciones voluntarias de los Estados miembros, lo que elimina la posibilidad de que busque fondos fuera de ese esquema, por ejemplo en la Unión Europea (UE), que financia hoy una buena parte de las actividades de la Comisión.

Además, insta a la CIDH a recaudar sus fondos sin que estén condicionados a proyectos concretos, lo que podría provocar el "estrangulamiento financiero" de la Comisión, según dijo hoy su presidente, José de Jesús Orozco.

Otra de las ideas que debatirán mañana los cancilleres es la de convertir todas las relatorías de la CIDH en especiales, es decir, otorgarles el mismo rango que la de Libertad de Expresión y encargarlas a una persona a tiempo completo, aunque esto estaría condicionado a que se aumenten las aportaciones de los Estados.

Fuera de este proceso queda la propuesta de Ecuador de cambiar la sede de la CIDH de Washington a un país latinoamericano, con el argumento de que EE.UU. no ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, el fundamento del SIDH.

Pero el hecho de no estar en la agenda no impide que el tema sea planteado mañana por Patiño, que llega a Washington tras realizar una gira por el Caribe para recabar apoyos a sus propuestas, formuladas a mediados de mes en una reunión en Guayaquil.

De llamar alguno de los cancilleres a votación, la eventual resolución debería aprobarse por una mayoría simple de 18 votos, un esquema en el que es clave la posibilidad, aún no determinada, de que los países caribeños emitan sus catorce votos en bloque.

La reforma que ya ha aprobado la CIDH, y que entrará en vigor independientemente de lo que pase mañana, tiene como cambios principales la ampliación de los plazos que concede a los Estados para tramitar una petición y el compromiso de revisar las medidas cautelares que conceda sin consultar a los Estados.

Además, amplía el Capítulo IV de su informe anual, conocido popularmente como su "lista negra" y que incluirá una panorámica de la situación de derechos humanos en todo el continente, además de señalar a los países que no cumplen en esta materia.