Cañeros piden a Haití documentos para regularizar situación en R. Dominicana

Santo Domingo, 30 oct.- Unos 1.000 trabajadores cañeros realizaron hoy una marcha en Santo Domingo para solicitar al presidente de Haití, Michel Martelly, la entrega gratuita de los documentos que necesitan para participar en el Plan de Regularización de Extranjeros implementado por República Dominicana.

Los trabajadores cañeros de los Bateyes explicaron que no cuentan con los recursos económicos para pagar los 1.000 pesos dominicanos (unos 23 dólares) que exigen las autoridades haitianas para obtener los documentos requeridos en la República Dominicana para regularizar su situación migratoria, tales como el pasaporte, acta de nacimiento y cédula de identidad.

"Exigimos la entrega de los documentos exonerados a los cañeros de 60 años en adelante, de lo contrario nos declararemos en vigilia permanente y movilización", expresó en un comunicado la Unión de Trabajadores Cañeros de los Bateyes.

Según dijeron los trabajadores cañeros, sus bolsillos están vacíos, producto de la "precariedad económica y material" en que se encuentran sumergidos debido a los niveles de "explotación" y "abandono" por parte de las autoridades dominicanas.

Asimismo, expusieron que el Estado haitiano tiene una "deuda social y económica" con ellos por haber participado en las firmas de acuerdos de contratación de jornaleros temporeros haitianos para trabajar en los campos de caña de la República Dominicana.

Según los cañeros, de la contratación de jornaleros entre el Estado de Haití y la República Dominicana el primero recibió 86 dólares por cada jornalero contratado, y de estos beneficios nunca les dieron "nada" a los cañeros y sus familias.

Señalaron que regularizar su situación migratoria, a través del plan puesto en marcha por las autoridades dominicanas, podría "mejorar relativamente" su situación económica, social y la seguridad jurídica en cuanto a su permanencia en el país.

Además, expusieron, solucionaría el estado de indocumentación de sus hijos, lo que constituye "una consecuencia directa de la situación de indocumentación creada por ambos Estados en perjuicio de esta población migrante y su familia".