En un comunicado, Casa Alianza calificó de "insuficiente e ineficaz" la militarización de la seguridad ciudadana que Hernández puso en marcha el 27 de enero de 2014 al asumir el poder para una gestión de cuatro años.
Según cifras del Ministerio de Seguridad, los homicidios bajaron el año pasado a 56,7 por cada 100.000 habitantes de 75,1 en 2013 y 67,5 en 2014.
"El gobierno insiste y nos quiere convencer de que la violencia se ha reducido y para ello lleva dos años manipulando cifras a través de la Secretaría de Seguridad", afirma la organización estadounidense.
Y agrega que "la estrategia del actual gobierno ha fracasado en cuanto a bajar los niveles de violencia y de inseguridad".
Al asumir la presidencia, Hernández lanzó más de 4.000 militares a las calles para apoyar a la policía en la lucha contra el crimen organizado, la delincuencia común y el narcotráfico.
Para Casa Alianza, "la militarización de la seguridad resulta sumamente cara, ineficiente e ineficaz y es la población, que con sus escasos recursos e incluso con su vida, paga los costos de esa fracasada estrategia".
A fin de obtener recursos para combatir la violencia en el país, el gobierno aplica un impuesto de 10 centavos de dólar por cada transacción bancaria que realizan los hondureños.
De esa forma cada año recauda más de 600 millones de dólares, de los cuales no rinde cuentas, según líderes de la empresa privada y de organizaciones no gubernamentales.
Casa Alianza exigió al gobierno "dar y hacer un uso más responsable de datos y estadísticas para orientar mejor la toma de decisiones en materia de seguridad".
Asimismo, reclama "abrir oportunidades para la educación, la protección y la salud integral de la niñez y la juventud hondureña".
Fundada en 1981, Casa Alianza es una organización sin fines de lucro dedicada a rehabilitar y defender a jóvenes pobres de México, Guatemala, Nicaragua y Honduras. Es la filial latinoamericana de Covenant House con sede en Nueva York.
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