Cascos exhibe superávit de cara a reunión del CPFF para evitar intervención

Oviedo, 15 may.- El Gobierno que preside Francisco Álvarez-Cascos ha exhibido hoy un superávit presupuestario de 57,7 millones de euros hasta mayo para defenderse de la amenaza de intervención de sus cuentas por el Ministerio de Hacienda de cara al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo jueves.

"Estamos cumpliendo con creces", ha afirmado Álvarez-Cascos después de que su Ejecutivo hiciera públicos los datos de ejecución presupuestaria del Principado que confirman la continuidad del superávit registrado en el primer trimestre del año frente al déficit de 229,7 millones con que se cerró el mismo periodo de 2011.

Para el Gobierno asturiano, esta diferencia se debe a sus medidas de contención del gasto, a la prórroga presupuestaria en vigor, al rechazo del Parlamento a aprobar una ley de autorización de endeudamiento en febrero y a la limitación de gastos e inversiones.

Estos datos, afirma el Principado, aparecen tanto en el plan de ajuste como en el Plan Económico Financiero (PEF) remitidos a Hacienda y han motivado que el Gobierno regional no haya recogido en ellos medidas adicionales de contención del gasto, en especial en lo relativo a las políticas sanitarios y educativas.

Según el Ejecutivo, que ha enviado su PEF a todas las comunidades para despejar dudas e impedir "cualquier maniobra política" sobre su situación presupuestaria en el CPFF, será el próximo Gobierno, cuya sesión de investidura comenzará el próximo martes, el que a la vista de esta situación decida la adopción de nuevas medidas de ajuste.

"Espero que a los asturianos se nos explique por qué el Estado de Derecho no funciona en Asturias cuando hay otras comunidades con mayor inestabilidad política", como el País Vasco, ha apuntado Cascos en una entrevista en la cadena COPE en la que ha reiterado la falta de justificación legal de la posible intervención.

Además, el presidente asturiano ha criticado la "improvisación continuada" en las reformas del Gobierno central que provoca, a su juicio, que se perpetúen "las incertidumbres cuya resolución ayudaría a España a salir de la crisis".

En su opinión, "hay que hacer muchas más cosas que cambiar la imagen y crear unas expectativas basadas simplemente en un cambio de siglas y de personas", y ha emplazado al Gobierno a cambiar sus entregas semanales "de las reformas que improvisa la semana anterior" y a poner en marcha "un plan serio de reformas".

No obstante, el contenido del PEF ha sido cuestionado por el candidato socialista a la Presidencia, Javier Fernández, que ha advertido de que su previsión de reducción del déficit público al 0,99 por ciento del PIB a final de año frente al 1,5 por ciento exigido por el Gobierno "no descansa sobre elementos estructurales".

A su juicio, el documento, que hasta ayer no fue entregado en el Parlamento, se apoya en los ahorros derivados de la prórroga presupuestaria y en la imposibilidad de endeudamiento al haber disuelto el Parlamento antes de llevar una ley para autorizarlo.

Fernández ha reclamado además de Hacienda "respeto" para las relaciones institucionales y le ha pedido que si tiene que transmitir sus "recelos" o pedir aclaraciones, recurra a estos cauces "y no lo haga a través de los medios de comunicación".

También el partido de Cascos ha reiterado sus críticas a Hacienda y, así, su portavoz adjunto en el Parlamento, José Antonio Martínez, ha advertido de que el primero que debe resolver "cuitas políticas" en Asturias es el PP, en alusión al emplazamiento realizado al Principado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Según Martínez, Montoro pretende "tutelar" la elección del presidente del Principado y no las cuentas de Asturias y ha defendido que el modelo de austeridad de Foro pasa por ser "austeros en lo superfluo" para evitar recortes en educación o sanidad.

"Si el resto de comunidades y el propio Ministerio de Hacienda presentasen un estado de cuentas como el de Asturias, la prima de riesgo descendería de manera inmediata", ha añadido.

A la posible intervención se han referido también el presidente de la patronal asturiana, Severino García Vigón, que la ha descartado "en el corto plazo", y el líder regional de UGT, Justo Rodríguez Braga, que la ha definido como "una puñalada política a Asturias".