Caso bárcenas. El juez ruz cita como imputado al exalcalde de toledo josé manuel molina

El juez Pablo Ruz ha citado como imputado, en el ‘caso de los papeles de Bárcenas’, a José Manuel Molina, exalcalde de Toledo del PP, al que se investiga por la concesión del servicio de limpiezas de esta ciudad en 2007.
De acuerdo con un auto conocido este miércoles, Molina ha sido citado para el próximo 24 de noviembre a las tres de la tarde. Este mismo día también han sido llamados como testigos Francisco Javier Sánchez Rubio; el actual alcalde de Toledo y senador Emiliano García Page; y al diputado Sebastián González Vázquez.
A García Page y a González Vázquez, dada su condición de parlamentarios, se les requiere para que en el plazo de tres días manifiesten si desean declarar en la Audiencia Nacional, en su despacho o en la sede del órgano del que son miembros.
El juez Ruz acuerda estas citaciones una vez que se han practicado nuevas diligencias y se ha incorporado el informe de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional), que ha analizado el expediente de adjudicación del servicio de limpiezas Sufí en el año 2007 en Toledo.
La UDEF ha reconstruido la adjudicación de este contrato a partir de lo dicho por el extesorero del PP Luis Bárcenas, así como por declarado por los responsables de la empresa que resultó adjudicataria de la concesión de las basuras y excargos políticos públicos del ayuntamiento de Toledo.
TRES POSIBLES DELITOS
El informe policial recoge, en primer lugar, las entregas de dinero en efectivo, por un total de 200.000 euros, efectuadas por Bárcenas al gerente regional del PP de Castilla-La Mancha Jose Ángel Cañas. Estas entregas están documentadas en el recibo escrito a mano por el extesorero del PP y que se aportó al juzgado.
La Policía ha analizado toda la ejecución del contrato de limpieza en Toledo, así como las modificaciones y las actuaciones posteriores desarrolladas por el Gobierno municipal del PSOE que encabezaba Emiliano García Page.
La UDEF analiza la participación de todas las personas implicadas en unos hechos que, a juicio de Ruz, eventualmente serían constitutivos de diversos delitos contra la Administración pública (prevaricación, cohecho y tráfico de influencias).
Esto obliga al magistrado a "practicar cuantas diligencias se estimen precisas para completar la investigación de los hechos puestos de manifiesto por el imputado Bárcenas, al efecto de constatar la realidad o no de los mismos".
El instructor quiere determinar, en último término, "el grado de participación que en ellos hubiera podido tener persona o personas aforadas con carácter previo a una eventual remisión de parte de la instrucción, mediante formulación de la correspondiente exposición razonada, a favor del órgano que se estimare en su caso competente, en principio la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha".