Madrid.- La Junta de Castilla y León desconoce el contenido del convenio suscrito por el Ministerio de Justicia y ocho comunidades autónomas, ninguna de ellas gobernada por el PP, para elaborar el Mapa Integrado de Fosas de la Guerra Civil y la represión franquista, previsto en la Ley de la Memoria Histórica.
Así lo ha expresado a EFE el secretario general de la Consejería de Interior y Justicia, Luis Miguel González Gago, quien ha mostrado la sorpresa del Gobierno castellanoleonés cuando se enteró por los medios de comunicación que el Estado había suscrito ese acuerdo con algunas autonomías el pasado 25 de enero.
El Ejecutivo de Castilla y León no sabe qué convenio se ha rubricado entre la Administración central y esas ocho comunidades, ya que el Estado no lo ha invitado a participar en ese acuerdo, ni le ha remitido un borrador, según González Gago.
Ha recordado que, en diciembre de 2008, el Ministerio de Presidencia le propuso a Castilla y León la firma de un convenio referente a las fosas y la Junta le remitió una contestación formal para indicar la necesidad de modificar determinados aspectos del documento, sin que, a fecha de hoy, hayan recibido ninguna respuesta.
En enero de 2009, el Ejecutivo castellanoleonés planteó la redacción de un nuevo borrador de convenio, en el que el Estado se comprometiera a sufragar los gastos derivados de las investigaciones históricas para elaborar el mapa de fosas y no atribuyera funciones que las comunidades que no tienen transferidas las competencias en materia de Justicia no pueden cumplir.
Ha explicado que Castilla y León no ha recibido el traspaso de las competencias de Justicia, por lo que no dispone de los medios adecuados a proceder al levantamiento, exhumación e identificación de los cadáveres enterrados en las fosas, cometidos que, a su juicio, puede asumir la Administración central.
El secretario general de la Consejería de Interior y Justicia ha señalado que, en la contestación, Castilla y León se mostró dispuesta a elaborar los mapas de fosas, después de que el Estado le facilitara los datos históricos, y a ofrecer esta información a las víctimas, que son las obligaciones que la Ley de la Memoria Histórica impone a las comunidades autónomas.
González Gago ha apuntado que la Ley de la Memoria Histórica del año 2007 prevé la colaboración de los Ejecutivos autonómicos, pero también establece que el Estado debe fijar las subvenciones para sufragar todos los gastos derivados de las actuaciones previstas en la norma.
Ha asegurado que entiende que todos los restos deben descansar en los lugares y sitios adecuados, pero ha opinado que eso requiere una planificación ordenada en el tiempo.
La contestación de la Junta de Castilla y León al Ministerio de Presidencia se produjo hace un año y, desde entonces, no ha vuelto a tener conocimiento de este asunto, hasta la firma del convenio en enero de este año, del que se ha enterado por la prensa, ha indicado.
El acuerdo, que permitirá atender la demanda de miles de ciudadanos que ignoran el paradero de sus familiares desaparecidos, fue sellado por representantes de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y País Vasco con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño.
El mapa de fosas, que estará disponible en Internet para cualquier ciudadano que quiera consultarlo, creará una base de datos uniforme, con información sobre la ubicación del enterramiento, sus características y las intervenciones que se han realizado a lo largo del tiempo.
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