Castro rechaza admitir a trámite el recurso de la Infanta contra su enjuiciamiento

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha rechazado admitir a trámite el recurso de apelación interpuesto por la Infanta Cristina contra el auto de apertura de juicio oral del caso Nóos, con el que el juez acordó el pasado mes enviarla al banquillo de los acusados como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.

Los abogados habían impugnado la resolución de cara a que el magistrado la elevase a la Audiencia Provincial de Baleares y ésta decidiese si acepta o no los argumentos de la Duquesa de Palma contra su enjuiciamiento. No obstante, Castro ya dejó constancia en su auto de que contra éste no cabía recurso alguno y, por tanto, ha decidido finalmente inadmitirlo a trámite.

En su recurso, los abogados de la Duquesa cargaban contra la "absolutamente desproporcionada e injustificada" fianza impuesta a la hermana menor del Rey de casi 2,7 millones de euros, y pedían al juez Castro dejarla sin efecto. Del mismo modo, reclamaban que se le aplicase la doctrina Botín para evitar que acabe sentándose en el banquillo de los acusados.

Para justificar la apertura de juicio contra la Duquesa de Palma, Castro considera que su papel fue imprescindible para que su marido, Iñaki Urdangarin, defraudase hasta 337.138 euros a Hacienda a través de Aizoon, empresa presuntamente pantalla de la que ambos son propietarios.

En el auto recurrido, el magistrado resolvió finalmente no aplicar sobre la Infanta la denominada doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular, en este caso Manos Limpias, que solicita ocho años de cárcel para Doña Cristina. Por su parte, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el perjudicado por los delitos presuntamente cometidos, la Agencia Tributaria, apuntan a la existencia de indicios criminales sobre Cristina de Borbón.

Con su resolución, Castro culminó más de tres años de investigaciones en torno a la Infanta, cuyo nombre apareció en el foco de las investigaciones del caso Nóos a finales de 2011, prácticamente desde el momento en que la Fiscalía Anticorrupción apuntase a Aizoon como una de las empresas tapadera que integraban el entramado societario dirigido a desviar los fondos obtenidos por parte del Instituto Nóos de las Administraciones públicas.

El juez fue tajante al desplegar las conductas supuestamente ilícitas desplegadas por doña Cristina, proclamando en su auto distintos "eslóganes y campañas" impulsados por la Agencia Tributaria en los últimos años como "lo que tú defraudas, lo pagamos todos" y "Hacienda somos todos".El juez acusa a Roca de faltar a la verdad

José Castro ha acusado asimismo al abogado de la Infanta Cristina de lanzar afirmaciones en relación a la doctrina Botín que "no responden a la verdad con la esperanza de que siempre habrá alguien que la asuma sin comprobarla". "La técnica es tan antigua como el ser humano", espeta el juez.

En el auto que ha dictado este viernes para inadmitir a trámite el recurso de la Duquesa de Palma, el magistrado responde con dureza las acusaciones vertidas contra él por Roca, "quien incansablemente ha difundido ante los medios su criterio sobre que la llamada doctrina Botín era de aplicación a su defendida".No procede "medida cautelar alguna"

Los letrados Miquel Roca y Jesús María Silva sostienen que no procede "la adopción de medida cautelar alguna" y, por tanto, tampoco el pago de una fianza, ya que ni el fiscal anticorrupción del caso, Pedro Horrach, ni la acusación particular en el caso Nóos -la abogacía del Estado- pidieron llevar a la Infanta a juicio, y creen que la acusación popular -Manos Limpias- no tiene legitimidad para hacerlo.

Lo sostienen en un recurso contra "determinados pronunciamientos" del auto de apertura, que han presentado pese a que no cabía impugnación alguna al considerar que se encuentran legitimados porque el juez incluyó en el mismo resoluciones que tendría que haber resuelto previamente y contra las que consideran que sí pueden apelar.

Por ejemplo, "la cuestión de la legitimación para solicitar la apertura de juicio oral por un delito contra la hacienda pública debería haberse resuelto en una resolución previa independiente". "Lo contrario, como aquí ocurre, lesiona gravemente el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías que asiste a mi defendida", sostiene el escrito.

Los abogados también consideran que la 'pena de banquillo' que conlleva la apertura de juicio oral afecta de modo desigual a los acusados y, en el caso de la Infanta "tiene unos efectos, como es público y notorio, probablemente inigualables en el ámbito nacional".