Una decena de vehículos calcinados en plena calle, un millar de contenedores reducidos a polvo, marquesinas destrozadas, semáforos derribados... el paisaje después de la batalla en Barcelona que dejaron las protestas de los radicales pro-independentistas tras la sentencia judicial sobre el 'procés' el pasado mes de octubre no sólo grabó en las retinas de medio planeta la impresión de una de las ciudades más visitadas del mundo en 'estado de sitio' sino que dejó tras de sí una millonaria factura en daños al mobiliario urbano y coberturas a los particulares afectados para la Administración. El Ayuntamiento de Barcelona -epicentro de las algaradas- valoró entonces en cerca de tres millones de euros los daños al mobiliario municipal causados por las protestas, si bien éstos afloraron también en facturas de menor cuantía en otros lugares de la comunidad autónoma donde hubo algaradas callejeras.
Los titubeos en la reacción de las autoridades a la hora de contener y condenar las protestas de octubre se han transformado en firmeza a la hora de solicitar la cobertura del Estado a la gravosa factura generada por los disturbios de aquellos días. El Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido varios centenares de expedientes procedentes de administraciones públicas catalanas reclamando la reparación estatal de los costes ocasionados para sus arcas por los incidentes callejeros acaecidos en los días posteriores a la sentencia del procés, según han confirmado a La Información diversas fuentes gubernamentales.
Según estas fuentes, las solicitudes recibidas por el Consorcio proceden de administraciones públicas de las cuatro provincias catalanas y su cuantía, aunque no la precisan, se estima en varios millones de euros. Curiosamente, las peticiones vienen avaladas por la propia sentencia del 'procés' que condenó por sedición a los líderes políticos y sociales del movimiento a favor de la independencia de Cataluña.
La regulación del Consorcio de Compensación de Seguros, un organismo dependiente del Ministerio de Economía que actúa como asegurador de último recurso para aquellas contingencias que las entidades aseguradoras privadas no cubren por una razón u otra: catástrofes naturales, daños causados por las fuerzas armadas o los cuerpos de seguridad en tiempos de paz..., incluye dentro de su perímetro de actuación los daños "ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto popular".
Es al amparo de ese epígrafe al que las administraciones públicas catalanas se han lanzado a solicitar el resarcimiento por parte de la entidad dependiente del Estado de los costes causados por los disturbios de los días siguientes al procés. No es la primera vez que ocurre. Tras el referéndum ilegal del 1-O, las administraciones catalanas también llamaron a la puerta del Consorcio de Compensación de Seguros en busca de resarcimiento por los daños materiales y personales causados en los altercados entre las fuerzas de seguridad y los ciudadanos tanto el día del referéndum ilegal como en los días siguientes.
Las fuentes consultadas explican que la presentación de una solicitud no determina en ningún caso que el Consorcio deba resarcir el perjuicio económico reclamado, sino que deriva en la apertura de un expediente en el que se analizan tanto la fiabilidad de las peticiones como las circunstancias en que se produjeron esos daños antes de aceptar realizar alguna cobertura o no.
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