Cataluña. José francisco valls, designado ponente de la querella de la fiscalía contra artur mas

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha designado ya a los magistrados que decidirán sobre la admisión a trámite de la querella presentada por la Fiscalía contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y otros dos miembros de su Gobierno. Se trata de Enric Anglada y José Francisco Valls. Este último será además el ponente.
La sala de admisión estará integrada además por el presidente del TSJC, Miguel Ángel Gimeno. Los tres tendrán que pronunciarse sobre la admisión a trámite de la querella contra Mas, su vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, por la celebración de la consulta soberanista del 9 de noviembre.
A día de hoy se han presentado un total de 22 denuncias y querellas dirigidas contra el jefe del Gobierno catalán y distintos miembros de su gabinete. Gimeno ya se ha dirigido al fiscal superior de Cataluña para que informe sobre la conexidad de todos estos procedimientos, con el fin de tomar una decisión sobre la acumulación de los mismos.
Sobre Mas pesan acusaciones de desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones en el proceso participativo que se celebró el 9 de noviembre. La vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau, también han sido imputadas con los mismos cargos.
En caso de que la querella se admita a trámite, el ponente se convertirá en instructor de la causa y encargado de ordenar las diligencias necesarias para la investigación. En caso de que se presenten recursos se creará una sala específica con el resto de magistrados de la Sala Civil y Penal del TSJC que no formaron parte de la sala de admisiones para decidir sobre ellos. Estará compuesta, por tanto, por María Eugenia Alegret, Josep Manel Abril y Carlos Ramos.
Si el TSJC no admitiese la querella no están claros los pasos posteriores. Las fuentes jurídicas consultadas no se ponen de acuerdo sobre si la inadmisión a trámite podría recurrirse ante el Tribunal Supremo, que es el tribunal encargado de unificar doctrina.
Señalan que no hay legislación sobre este asunto y sostienen que lo que está claro es que se podría recurrir al Supremo en caso de archivo de la causa.