Cataluña recurrirá a la Policía Nacional y la Guardia Civil cuando haya desórdenes

El consejero de Interior, Felip Puig, ha asegurado este martes que recurrirán a las fuerzas de orden público de las policiales estatales que les ofrece el Ministerio del Interior "si en algún momento se estima necesario", pero recuerda que la competencia en la seguridad ciudadana es de los Mossos d'Esquadra.

En rueda de prensa tras el Consejo Ejecutivo, ha respondido así a las declaraciones del ministro Jorge Fernández Díaz asegurando que ofreció la colaboración de las unidades de orden público de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante la huelga y no obtuvo respuesta. Puig ha recordado que el Estado siempre ha estado a disposición de la seguridad en Cataluña, especialmente hasta que se acabe de completar el modelo de despliegue de la policía integral de Cataluña, que es "un modelo de sustitución", y ha hecho hincapié en la buena colaboración entre los cuerpos policiales.

Más antidisturbios

Puig ha anunciado también que dotará de cien efectivos más a la unidad de antidisturbios de los Mossos d'Esquadra y ha propuesto que se designe a un fiscal especializado en la violencia urbana para que unifique los criterios para combatir a las "guerrillas urbanas".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu, Puig ha anunciado una batería de medidas para combatir la violencia urbana -tras la batalla campal que hubo el pasado 29 de marzo-, que pasa entre otros aspectos por crear dos nuevas unidades de antidisturbios y potenciar la recientemente creada Unidad Central de Información de los Mossos en Orden Público.

El conseller también se ha propuesto negociar con los ayuntamientos catalanes la instalación de más cámaras de vídeovigilancia en los espacios públicos donde se convocan la mayoría de concentraciones públicas.

En el plano legal, además de promulgar un endurecimiento del Código Penal, Puig ha propuesto que se reforme la ley de enjuiciamiento criminal, que se puedan aplicar a los radicales medidas como órdenes de alejamiento, presentación en comisaría o trabajo en beneficio de la comunidad.

También ha propuesto que se revisen leyes como la de reunión y de seguridad pública para tipificar la ocultación de la identidad o la posesión de elementos de riesgo cuando se participa en protestas públicas.El vandalismo no es terrorismo

Puig, ha opinado además que el vandalismo "no se puede asimilar a terrorismo" y a la 'kale borroka' porque tienen motivaciones diferentes, aunque sí ha defendido que se puedan aplicar penas equivalentes.

Ha considerado que hay que incrementar la pena para estos delitos relacionados con la violencia callejera para impulsar que la Fiscalía pueda solicitar penas de prisión provisional y los jueces acordarlo, en la línea de lo que ha propuesto el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Según Puig, la 'kale borroka' "está relacionada con un conflicto diferente" al vandalismo que eclosiona en Barcelona y que ha dado un salto cualitativo en esta huelga general, por lo que no se trata de colgarles la misma etiqueta sino de equiparar la pena.