El Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera trabaja en la redacción de un primer borrador de Ley de Cambio Climático para presentar un proyecto en el Congreso antes de que acabe el año. La ley se atascó en la última legislatura del PP por desavenencias entre los ministerios de Energía y de Medio Ambiente, dirigidos por Álvaro Nadal e Isabel García Tejerina respectivamente. La ley es clave en el proceso de transición energética; la reclaman las empresas y la reclaman organizaciones ecologistas y partidos. El borrador en marcha cuenta con dos fuentes de inspiración: la Ley de Cambio Climático de Cataluña -avalada por el Constitucional- y la ley que se tramita en Baleares.
La propia ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, defendió la norma catalana -aprobada en agosto de 2017 con la sola abstención del PP- antes de llegar al Gobierno. Ribera, entonces directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (Idris, por sus siglas en inglés) cuestionó la decisión del Gobierno de Rajoy de recurrir la ley autonómica ante el Constitucional. El Tribunal la suspendió, pero acabó respaldándola.
La ley catalana es una de las fuentes que inspira el borrador que prepara el Gobierno, admiten fuentes de la nueva administración. La norma aprobada hace un año en Cataluña marca la ruta de la transición energética y contempla, entre otros puntos (artículo 19.2), "establecer un plan de transición para el cierre, no más allá de 2027, de las centrales nucleares, velando por la preservación de los puestos de trabajo directos que generan en el territorio".
Cerrojazo nuclear
Hay coincidencia. En su primera intervención como ministra en el Congreso, Ribera manifestó la voluntad del Gobierno de cerrar el parque nuclear a medida que las centrales nucleares cumplan sus 40 años de vida útil tecnológica, tal como figura en el programa del PSOE. La ministra expresó su “convicción clara” al respecto.
Además de las nucleares, la Ley de Cambio Climático de Cataluña ofrece "inspiración" al Ejecutivo en otros puntos importantes para la transición energética. por ejemplo, plantea reducir un 40% las emisiones de gases contaminantes de efecto invernadero para el año 2030 con respecto al nivel registrado en 2005 y llegar al 65% en 2040 y al 100% en 2050. Y para ello, establece que las administraciones públicas deben gravar con impuestos las actuaciones que aumenten las emisiones e incentivar fiscalmente sus recortes.
La ley catalana también crea un fondo público para impulsar el fomento de las energías renovables, el autoconsumo eléctrico -una cuestión especialmente polémica-, las viviendas energéticamente eficientes, la movilidad sostenible, el ahorro de agua y la conservación de la biodiversidad. Son puntos en los que también trabaja el Gobierno central como confirmó la ministra de Industria Reyes Maroto al adelantar que en 2019 habrá nuevo impuesto al diésel.
La movilidad, el coche eléctrico y la fiscalidad son cuestiones destacadas en el borrador de ley que prepara el Gobierno. En este apartado también hay donde mirar. Las fuentes consultadas señalan que la Ley de Cambio Climático que se tramita en Baleares recoge iniciativas interesantes que pueden servir de inspiración a la estatal.
Prohibición para el diésel
Sobre los vehículos y el coche eléctrico, el plan de Baleares prevé prohibir los turismos con motor diésel a partir de 2025 (salvo los ya existentes) e impulsar el coche eléctrico con centenares de nuevos puntos de recarga. Otras disposiciones de la ley son la obligación de autoabastecimiento con renovables de los edificios aislados en suelo rústico no destinados a usos agrarios y la mejora del alumbrado público, que en 2025 deberá haber alcanzado la máxima eficiencia.
La Ley de Cambio Climático es la herramienta esencial para la transición energética. Además de los ejemplos de Cataluña y de Baleares tendrá en cuenta los trabajos del Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía (CAPTE) que constituyó el PSOE con 22 expertos. Sus propuestas, resumidas, pasan por acabar con la generación nuclear y térmica de carbón en la década de 2020-2030; sacar al petróleo de los usos energéticos en la década 2030-2040, y eliminar también el gas natural, la energía de transición, para 2050.
La norma que prepara el Gobierno no solo la reclaman organizaciones ecologistas y partidos. También es una exigencia empresarial. Telefónica, NH, Bankia y otras 30 multinacionales y medianas empresas han suscrito un manifiesto en el que exigen una Ley de Cambio Climático y Transición Energética "ambiciosa", que incluya un precio al carbono para todas las actividades y una reforma fiscal verde que facilite la descarbonización del país.
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