Madrid, 9 mar.- CCOO y UGT consideran que el nuevo modelo de formación profesional para el empleo que prepara el Gobierno "excluye" a los sindicatos y a las organizaciones empresariales de la ejecución de cursos de formación, que pasarán a los centros privados que se convierten "en juez y parte".
Así lo han explicado a Efe, el responsable adjunto de formación de CCOO, Francisco Moreno, y la secretaria confederal sobre este asunto de UGT, Teresa Muñoz, al hilo del borrador "Hacia un nuevo modelo de formación" que el Gobierno ha remitido a los sindicatos y a la patronal para iniciar conversaciones que deberán culminar en un nuevo real decreto que regule la formación profesional para el empleo, y que modifique el de 2007.
En este marco, fuentes de CEOE también han dicho a Efe que "si las empresas son las que pagan el grueso de la formación, tienen que ser ellas las que decidan, con los mínimos intermediarios y con el control y la evaluación que sea necesaria".
No obstante, la patronal ha subrayado que el proceso está en sus inicios y, por tanto, en el momento de hacer "observaciones" que se trasladarán a las reuniones con el Gobierno.
Esta semana, sindicatos y patronal se reúnen con la secretaria de Estado para el Empleo, Engracia Hidalgo.
El borrador otorga a las entidades de formación acreditadas, en su mayoría privadas, un papel relevante y estima que "no serán meros proveedores de formación sino corresponsables en la planificación y diseño de las iniciativas, en su evaluación y en la investigación de las metodologías necesarias para la puesta al día del subsistema".
El borrador entiende que las organizaciones representativas de los agentes sociales "deben dejar de desempeñar un doble papel en el sistema" en referencia a la dirección y gestión de los cursos, que pasará a los centros privados.
Esto, dice el texto, no es óbice para que las organizaciones sindicales y empresariales "sean protagonistas en la fase de planificación y diseño del sistema, aprovechando la relevancia que tienen por sus conocimientos y experiencia por su cercanía a la realidad productiva".
Este primer documento también nombra al Ministerio de Empleo "interlocutor del Gobierno en materia laboral y responsable último de la planificación plurianual del subsistema" y "refuerza el liderazgo" del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en el seguimiento y control.
El responsable de formación de CCOO también ha criticado que el borrador "excluya toda mención a la negociación colectiva", una desvinculación por la que no están dispuestos a pasar los sindicatos.
La secretaria de formación de UGT, Teresa Muñoz, ha coincidido en rechazar que la formación se desligue a la negociación colectiva. Muñoz ha dicho que "si bien por sí misma la formación no crea empleo, es un elemento clave".
También ha expresado su "sorpresa" por que el Gobierno sustituya a sindicatos y patronal por centros privados, aunque se ha mostrado razonablemente optimista por las aportaciones que los sindicatos harán al Ministerio de Empleo, de quien esperan flexibilidad dado que uno de los principios recogidos en el borrador es el "diálogo social".
Este primer documento también aboga por "potenciar las acciones de seguimiento y control y establecer mecanismos para combatir los casos de mala praxis".
Así, justifica estas acciones "en la necesidad de perseguir, sancionar y eliminar los casos de mala praxis de algunas entidades que se han dado en el pasado, en la denominada formación de demanda".
Para ello, se refuerza a capacidad sancionadora del SEPE y de los Servicios Públicos de Empleo autonómicos y además se dota de mayor visibilidad a los canales de denuncia.
En este sentido, propone "un buzón de denuncias" gestionado por la Fundación Estatal para la formación en el empleo.
El borrador establece un calendario de negociaciones y fija para finales de abril la formalización del acuerdo sobre formación que debería presentarse ante el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo en la primera quincena de mayo.
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