CE investiga a J&J y Novartis por bloquear un analgésico genérico en Holanda

  • La Comisión Europea (CE) anunció hoy el envío de un pliego de cargos a la compañía farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson (J&J) y a la suiza Novartis, por el acuerdo entre sus filiales holandesas con objeto de retrasar la comercialización del fenantilo genérico, un potente analgésico.

Bruselas, 31 ene.- La Comisión Europea (CE) anunció hoy el envío de un pliego de cargos a la compañía farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson (J&J) y a la suiza Novartis, por el acuerdo entre sus filiales holandesas con objeto de retrasar la comercialización del fenantilo genérico, un potente analgésico.

El Ejecutivo comunitario sospecha que la concertación entre ambas compañías habría obstaculizado la venta del fármaco en su versión más económica en el mercado holandés, lo que supondría una infracción de la normativa comunitaria de competencia.

La CE precisó en un comunicado que el envío del pliego de cargos no prejuzga el resultado final de la investigación.

Los indicios apuntan a que las filiales holandesas de ambas compañías -Janssen-Cilag y Sandoz- pactaron en 2005 una "co-promoción", un tipo de acuerdo destinado a evitar la competencia mutua, evitando así el acceso a una versión genérica del fenantilo, explicó la Comisión.

El Ejecutivo comunitario "está decidido a combatir los retrasos indebidos en la entrada en el mercado de fármacos genéricos, para que los ciudadanos tengan acceso a una sanidad asequible", afirmó el vicepresidente de la CE y titular de Competencia, Joaquín Almunia.

El supuesto acuerdo entre ambas compañías incluía el desembolso de una compensación mensual de Janssen-Cilag a Sandoz mientras la segunda compañía no comercializara parches genéricos de fenantilo, un opioide con efectos analgésicos y anestésicos más potente que la morfina.

El pacto tuvo lugar entre julio de 2005 y diciembre de 2006, lo que habría retrasado la comercialización del fármaco genérico durante año y medio.

En el caso de que la CE compruebe que, después de haber ejercido su derecho a la defensa, las empresas incurrieron en una infracción, podría imponerles una multa de hasta el 10 % de su facturación anual mundial.

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