CGPJ estudiará las circunstancias de la muerte del juez infartado en Madrid

Santander, 3 jul.- La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, ha reiterado hoy la "preocupación" por las circunstancias de la muerte de un juez que sufrió un infarto en los juzgados de lo social de Madrid, y ha dicho que este órgano estudiará el suceso para tomar medidas si hay alguna irregularidad.

Bravo ha sido preguntada por los periodistas por el fallecimiento de este juez, antes de participar en un encuentro de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El fallecido es el magistrado titular del Juzgado de lo Social número 25 de Madrid, Ángel Luis del Olmo Torres, de 58 años, quien sufrió un infarto ayer por la mañana, mientras trabajaba en la sede de los juzgados de lo social situados en la calle de la Princesa número 3, en la madrileña Plaza de los Cubos.

Ayer el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya manifestó su pesar por el fallecimiento de Del Olmo Torres en un comunicado de prensa, según ha recordado Bravo, que también ha incidido en la "preocupación" de este órgano por las "circunstancias" de este suceso.

Fuentes jurídicas informaron a Efe de que los jueces, magistrados y empleados del edificio judicial donde se produjeron los hechos, dependiente de la Comunidad de Madrid, habían expresado su profundo malestar por lo sucedido, ya que en estas instalaciones no había personal sanitario ni desfibriladores.

Además de estas condiciones del edificio, se da la circunstancia de que, según las fuentes consultadas por Efe, la ambulancia de emergencia tardó en llegar unos 40 minutos, un dato que niega el Servicio de Urgencias Médicas de Madrid, SUMMA 112, que señala que el tiempo para atender al juez fue de dieciséis minutos.

"Nos han llegado muchas quejas por parte de los jueces que trabajan en ese edificio en cuanto a las deficiencias dentro y nos han llegado quejas derivadas, por lo visto, de la tardanza en la llegada de los servicios sanitarios", ha apuntado Bravo hoy.

Además, ha aludido a la no existencia de equipos de primeros auxilios o desfibriladores en esa sede, unas cuestiones que "tendrán que ser valoradas" por el Consejo General del Poder Judicial para adoptar las decisiones oportunas.

Bravo ha recordado que la instalación de desfibriladores está regulada por real decreto, que establece la necesidad de poner estos dispositivos en determinados lugares, pero lamenta que "hay un déficit" o "una falta de marco legal" para obligar a las comunidades a su instalación en los espacios públicos.

De este modo, señala que algunas comunidades autónomas no tienen regulada esta cuestión, aunque el real decreto les "exhorta" a que valoren la colocación de desfibriladores.

"El Consejo muestra su preocupación y lo que vamos a hacer es valorar esas circunstancias, y si ha habido algún tipo de irregularidad se tomarán las medidas que se consideren necesarias", ha insistido Bravo.