CGPJ inicia los trámites para suspender a la jueza imputada por prevaricación

  • El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha iniciado el proceso administrativo para la suspensión cautelar de la titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, Coro Cillán, tras la apertura de juicio oral contra ella por un delito de prevaricación.

Madrid, 26 mar.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha iniciado el proceso administrativo para la suspensión cautelar de la titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, Coro Cillán, tras la apertura de juicio oral contra ella por un delito de prevaricación.

Fuentes jurídicas han informado hoy a Efe de que la comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces ha puesto en marcha los trámites tras tener conocimiento del auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que abre juicio oral contra Cillán por un delito de prevaricación en relación con la administración judicial de la discoteca madrileña Moma.

La decisión ha sido adoptada en base a los artículos 384.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del 190.3 del Reglamento 2011 de la Carrera Judicial, por los cuales se da traslado al Ministerio Fiscal y a la magistrada para que en un plazo de tres días formulen sus alegaciones para proceder a la suspensión cautelar que regula el artículo 383 de la Ley del Poder Judicial.

Este artículo establece que la suspensión de los jueces y magistrados tendrá lugar, entre otros casos, "cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones", tal y como sucede con la jueza Cillán.

En diciembre de 2011, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió expediente disciplinario a Cillán por la presunta comisión de tres faltas muy graves y una más de carácter grave en relación con la clausura de la discoteca madrileña Moma y la designación de los administradores judiciales de la misma.

Uno de los propietarios de la discoteca denunció ante el Consejo que la magistrada estaba colaborando con sus socios para conseguir el traspaso del establecimiento, de modo que cuando el 21 de septiembre de 2011 éstos le denunciaron por supuesta administración desleal, Cillán acordó el precinto del local y, al día siguiente, nombró a un administrador judicial, según señalaron fuentes jurídicas.

Además, ese día, según añadía el denunciante, la juez cenó en un restaurante de Madrid con el abogado de sus socios y posteriormente sustituyó a los administradores judiciales por otros, entre los que figura uno que tiene relación de amistad con la propia Cillán.

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