Chaves advierte a barberá que llamar a los ayuntamientos a la “insumisión” es “inconstitucional”

El vicepresidente de Política Territorial, Manuel Chaves, advirtió este sábado a la alcaldesa de Valencia, la popular Rita Barberá, que llamar a los ayuntamientos a la “insumisión” es “ilegal e inconstitucional”.
Chaves hizo estas manifestaciones tras inaugurar la X Asamblea de la FEMP, en respuesta a la iniciativa de la alcaldesa de enviar cartas a los alcaldes para pedirles que no paguen la liquidación de la Seguridad Social que les obliga a devoluciones millonarias al Estado.
El vicepresidente del Gobierno reconoció el derecho de todos los ayuntamientos a hacer “lo que consideren necesario”, aunque “lo que no es posible es llamar a la insumisión de los ayuntamientos, porque eso no es legal, ni es constitucional”.
Según puntualizó, ese es “un dinero que se debe” y que hay que pagar porque se trata de “dinero de todos los españoles que hay que dedicar a muchas políticas. Esa insumisión es ilegal e insconstitucional”.
En una rueda de prensa posterior, el coordinador de Política Municipal y Autonómica del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, respondió a Chaves que el término “insumisión” es “desacertado”, cuando lo que está haciendo Barberá es elevar una “protesta justa” por la “malísima previsión presupuestaria hecha por el Gobierno” hecha en los años 2008 y 2009.
A su entender, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero trató de “tapar la crisis” en esos años e hizo unos Presupuestos Generales del Estado erróneos que ahora obligan a las entidades locales a devoluciones millonarias”.
El PP pide, en definitiva, un aplazamiento a 10 años de esa devolución millonaria que supondría una menor necesidad de financiación y que los populares están dispuestos a asumir si llegan al gobierno después de las elecciones del 20 de noviembre.
Se trata de una propuesta similar a la que hicieron las comunidades autónomas en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera para aplarzar las devoluciones. Entre tanto, consideran que “Barberá está en su pleno derecho a plasmar su protesta antre algo injusto y que es responsabilidad eclusiva del Gobierno”.