Chaves declarará como testigo en el caso que investiga una concesión de la Junta a la empresa en la que trabaja su hija

Pese al archivo del Tribunal Supremo de la querella presentada por el PP, ahora la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) considera "pertinente" que el vicepresidente tercero del Gobierno y ex jefe de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, declare como testigo en el caso que investiga la concesión de una subvención de más de 10 millones para la empresa Matsa, en la que su hija es la apoderada.

Por ello, el TSJ andaluz requiere a la parte recurrente que, en un plazo de cinco días, "aporte a esta sala el interrogatorio de preguntas, a fin de declarar su pertinencia". La providencia, además, admite y declara pertinentes también otras "pruebas documentales interesadas", al tiempo que tiene por "aportada" otra prueba documental interesada por el PP.

Esta providencia se enmarca en las diligencias incoadas en la vía contencioso administrativa a partir de las acciones judiciales promovidas por el PP contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que resolvía no expedientar a Chaves por no inhibirse a la hora de participar en la autorización de esta ayuda pública a la empresa Matsa. La concesión de esta ayuda pública se materializaba cuando Manuel Chaves ostentaba aún la Presidencia del Ejecutivo autonómico y una de sus hijas figuraba en empresa beneficiaria.

En su recurso, el PP andaluz considera que Chaves se tendría que haber ausentado o inhibido cuando, en una reunión del Consejo de Gobierno en su etapa como presidente, se acordó la concesión de esta ayuda."Si no llega a haber una autorización del Gobierno, no se produce la subvención", según explicaba entonces el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz.

El pasado 17 de febrero la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) rechazaba por unanimidad, y por tanto archivaba, la querella impulsada por el PP contra el vicepresidente tercero del Gobierno a cuenta de la concesión de la citada subvención, en la que el PP atisbaba presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. El Tribunal Supremo atendía de este modo la petición de la Fiscalía, que había interesado la inadmisión de la querella y el archivo de las diligencias "por no ser los hechos en que se funda constitutivos de delito".

No obstante, el TS resolvía de tal forma "sin perjuicio de que las irregularidades que se denuncia puedan ser indagadas ante otros órganos jurisdiccionales competentes por razón del orden jurisdiccional, la materia y el territorio", aspecto que afectaría a los hechos que el PP entendía como posible prevaricación y malversación de fondos públicos.