China ampliará la edad de jubilación y dejará más capital privado en la banca

Pekín, 15 nov.- El Partido Comunista de China (PCCh) desveló hoy por fin las tan esperadas reformas económicas y sociales que sus líderes decidieron del 9 al 12 de noviembre, que van desde la ampliación del capital privado en la banca y el retraso de la edad de jubilación.

Tres días después de terminado el plenario del PCCh, día en el que emitió un vago comunicado que despistó a los observadores, la agencia Xinhua desveló hoy finalmente las ambiciosas reformas, que también prometen una reducción de la aplicación de la pena de muerte o relajación en los límites a la emigración rural a la ciudad.

Entre las reformas económicas, el PCCh promete ampliar la entrada de capital privado en su sector bancario y construir un sistema de seguridad social "más imparcial y sostenible" que aumente "gradualmente" la edad de jubilación.

El Partido asegura que permitirá la creación de bancos "pequeños y medianos" de "capital privado cualificado", si bien no especifica si esto incluye también capital extranjero, de momento sólo representado en China por grandes entidades financieras y bajo un alto coste de apertura de las sucursales.

Por otro lado, con el fin de impulsar la urbanización del país, el documento subraya que China "acelerará la reforma del sistema del hukou", que desde la época maoísta restringe el movimiento de la población rural a las grandes ciudades chinas.

El "hukou", una especie de carné de ciudadano urbano que sólo se da a los nacidos en grandes poblaciones (y que impide a los campesinos que emigran el acceso a servicios de educación o sanitarios) fue introducido por Mao Zedong en 1958 para evitar un masivo éxodo rural y aún se mantiene en vigor, pese a las muchas llamadas a que sea abolido.

Para "ayudar a los campesinos a convertirse en ciudadanos urbanos", se pondrán en marcha "requisitos razonables" para los residentes rurales que quieran obtener el "hukou" en las ciudades, aunque se controlará "estrictamente", añade, el tamaño de la población en las grandes metrópolis.

Además, el documento se refiere a otros aspectos como la abolición de los campos de trabajo (conocidos en China como "laogai") y la reducción de la pena de muerte, aspectos que el documento del PCCh considera pasos adelante para "mejorar la protección de los derechos humanos" y también los sistemas de corrección, castigo y reinserción de delincuentes.

Además, el país "trabajará para prohibir la obtención de confesiones mediante la tortura y el abuso físico" y se pedirá a los tribunales que sean estrictos y no acepten evidencias obtenidas ilegalmente.

En un país donde muchos abogados suelen ser perseguidos por su defensa de los derechos humanos, el PCCh señala que los letrados "jugarán un importante papel en la protección de los derechos legales y los intereses de los ciudadanos" y sus derechos a la práctica legal "serán protegidos".

La comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos han criticado durante décadas al Gobierno chino por la imposición de trabajos forzados (en muchas ocasiones sin sentencia judicial), el extendido uso de la pena de muerte (también en delitos no violentos) o los abusos en la política del hijo único (abortos y esterilizaciones forzosas).

China es el país del mundo donde más ejecuciones se dictan (unas 3.000 anuales según Amnistía Internacional, aunque el Gobierno chino no ofrece datos oficiales al respecto por considerarlas secreto de Estado).