Washington, 31 oct.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) valoró hoy positivamente los espacios de negociación entre empresas y organismos de derechos humanos que se dan en Colombia, aunque expresó su preocupación por que se dificulte la protección de algunos colectivos.
En una audiencia de la CIDH, diferentes organizaciones colombianas de afectados por proyectos de explotación energética reclamaron al Gobierno que preside Juan Manuel Santos que apruebe planes de protección colectiva a las comunidades donde se desarrollan.
Asimismo, pidieron al Ejecutivo colombiano que cese la "estigmatización" de los líderes de estos colectivos y que haga efectivo el procedimiento de la consulta previa a la construcción de instalaciones con impacto ambiental.
"Llama la atención y preocupa a esta comisión los obstáculos de hecho y de derecho que existen para ejercer el derecho a la defensa del medio ambiente", aseguró el comisionado José de Jesús Orozco Henríquez.
Sin embargo, la comisionada Rosa María Ortiz felicitó a la delegación colombiana por impulsar mesas de negociación entre empresas, gobierno y sociedad civil para evitar la violación de los derechos humanos en proyectos con afectación al entorno.
"Todas las grandes obras generan dificultades, pero la labor de un gobierno democrático consiste en buscar equilibrios", afirmó el representante ante la OEA y embajador de Colombia en Estados Unidos, Andrés González.
González destacó la ampliación de las protecciones medioambientales que se han aprobado en los últimos años en el país, pero también recordó que "millones de colombianos necesitan energía".
"El diálogo con la sociedad es inagotable", insistió el representante del ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia, Assad Jose Jater Penn, quien subrayó que existe un "permanente control y participación" en materia medioambiental.
Los colectivos peticionarios lamentaron la falta de participación pública en la toma de decisiones respecto a la instalación de minas y centrales hidroeléctricas, denunciaron la "estigmatización" y "judiacialización" que sufren y criticaron prácticas como los "desalojos forzados" o el "uso abusivo de la fuerza" contra ellos.
"Hay muchas formalidades de participación, pero pocas garantías", apuntó el representante de la ONG Justicia y Paz en la audiencia ante la CIDH, Danilo Rueda.
"La Corte Constitucional habla de que no sólo se trata de recibir información, sino también de dar el consentimiento, y esto no ocurre", incidió Rueda.
La portavoz del movimiento Ríos Vivos Isabel Zuleta denunció que "no existe posibilidad de oposición a los megaproyectos".
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