Ciu pide en el congreso medidas contra la discriminación de las personas tartamudas

El portavoz de Servicios Sociales de CiU en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, defenderá este martes en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad una proposición no de ley para conseguir una mayor protección de las personas tartamudas y luchar contra su discriminación.
Según informó el Grupo Parlamentario Catalán, en su iniciativa, CiU pide al Gobierno que promueva las reformas necesarias para que las personas tartamudas o con disartria puedan optar a ser funcionarios de la Administración General del Estado.
Campuzano recalca en la iniciativa que la tartamudez “es un trastorno del lenguaje” que en ningún sentido significa una merma de las capacidades para desarrollar un trabajo, en este caso en la función pública.
“Es del todo discriminatorio”, afirma el parlamentario de CiU, quien recuerda que el Gobierno adoptó en Consejo de Ministros de octubre de 2005 un acuerdo para eliminar la disartria o tartamudez del cuadro médico de causas de exclusión para el acceso a la condición de funcionario o a la de miembro de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que está pendiente de las respectivas modificaciones reglamentarias.
Ante esta situación, el responsable de Servicios Sociales de CiU en Madrid pide al Ejecutivo que “no prolongue más” esta situación y desarrolle cuanto antes las respectivas reformas normativas para acabar con esta “exclusión”.
Igualmente, solicita al Gobierno que apoye todas aquellas iniciativas de la sociedad civil que persigan normalizar la realidad de las personas con tartamudez y luchar contra su discriminación en todos los ámbitos de la vida colectiva.
No es la primera vez que los derechos de las personas tartamudas logran la atención de los parlamentarios. Hace un año, UPyD presentó una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para que se adaptasen las pruebas orales para que los que tienen disfemia, o lo que es lo mismo, tartamudez, puedan acceder a las pruebas de acceso a la función pública en igualdad de condiciones.
DISCRIMINACIÓN
En el texto, UPyD explicaba que tal y como está redactada hoy la Ley de Igualdad de Oportunidades, No discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, las personas con tartamudez están en desventaja con respecto a otras personas en caso de presentarse a unas oposiciones.
“Únicamente en caso de acreditarse una discapacidad superior al 33% se adoptarían medidas de adaptación de las pruebas”, afirmaba UPyD, que añadía que las personas que padecen disfemia, de grado I y II, con una discapacidad inferior al 33%, “en las pruebas de acceso a la función pública que contengan exámenes orales se encontrarían en una situación de desigualdad en relación con el resto de aspirantes”.
Por eso, reclamaba que las medidas precisas que ha de adoptar la Administración Pública para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo de personas con una discapacidad mínima del 33% se aplicasen también para quienes, sin alcanzar el citado grado de discapacidad, “sufran algún trastorno, tal como la disfemia de grado I y II, que les impidan participar en ciertas fases del proceso selectivo”.