El coronavirus ha obligado a las Administraciones Públicas a disponer en tiempo récord la infraestructura tecnológica necesaria para que los empleados públicos, al menos los destinados en las áreas más críticas para el correcto funcionamiento de la Administración en este contexto tan singular, continúen desempeñando su función desde sus domicilios. El Gobierno no proporciona información oficial sobre el número de empleados públicos del Estado que están trabajando desde sus casas, pero según ha podido confirmar La Información, en las reuniones con los sindicatos ha deslizado una estimación según la cual sólo uno de cada cuatro funcionarios del Estado está desarrollando su trabajo de manera presencial, lo que sitúa por defecto en sus domicilios particulares a alrededor del 75% de los 174.312 efectivos en situación de actividad que reconoce la Administración del Estado.
Según los datos proporcionados por el Gobierno a los sindicatos, de esos 174.312 efectivos, 47.816 está prestando servicios de manera presencial, 6.203 están en situación de aislamiento por el virus y 108.691 "prestan servicios en modalidad no presencial". Un epígrafe que no implica que todos ellos estén teletrabajando. Aunque ni desde el Ministerio de Función Pública, principal responsable de la gestión de los recursos humanos de la Administración del Estado ni desde el resto de los ministerios se proporcionan datos oficiales sobre el número o el porcentaje de su plantilla que está teletrabajando de manera efectiva, las notas, comunicados e informes emitidos por los diferentes sindicatos en las últimas semanas en relación a la implantación del teletrabajo en la Administración revelan de manera inequívoca las dificultades que están teniendo miles de funcionarios en todos los ministerios -incluso los más exigidos en esta crisis, como el de Trabajo o el de Seguridad Social- para conseguir tener movilizada a la plantilla que trabaja en casa.
Un caso particularmente llamativo es el de la Seguridad Social. Según la información proporcionada por el Ministerio a los sindicatos, que se recoge en varias notas informativas distribuidas por éstos, de los 21.856 empleados que desempeñan su trabajo en la Tesorería General (TGSS), el Instituto Nacional (INSS) y el Instituto Social de la Marina (ISM), 1.430 están desarrollando su trabajo de forma presencial y sólo 5.500 están autorizados para teletrabajar, lo que deja una cifra de cerca de 15.000 empleados que ni están desarrollando trabajo presencial ni disponen de la habilitación correspondiente por parte del Ministerio para teletrabajar... ¿Qué ocurre con ellos?
Las explicaciones que aportan desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es que esa cifra de 5.500 teletrabajadores no responde al número de personas habilitadas para teletrabajar sino al número de puestos que pueden operar al mismo tiempo, además aseguran que no todos los trabajadores necesitan estar conectados en remoto para poder trabajar desde sus domicilios y que parte de los habilitados para teletrabajar comparten su licencia. Fuentes sindicales enriquecen un poco más la explicación y añaden que hay una parte de esa plantilla que está de baja y, por tanto, no está activa, y que otra está en "situación de guardia y con disponibilidad para teletrabajar" para el momento en que se les necesite.
Hay un problema añadido, una nota reciente del sindicato CSIF ponía de manifiesto la insuficiencia del soporte tecnológico dispuesto por el Ministerio, que sólo permitía trabajar al mismo tiempo a dos tercios de los 5.500 trabajadores de la Seguridad Social habilitados para trabajar en remoto. "Nos encontramos con conexiones fallidas debido a un sistema que no soporta el trabajo simultáneo de las 5.500 personas autorizadas", denunciaba el sindicato en un comunicado.
Fuentes sindicales aclaran que aunque son una minoría los que están en esa situación, el porcentaje puede rondar en una estimación moderada entre un 5% y un 10% de los empleados públicos en situación de activos. Sobre un universo de más de 200.000, la cifra de funcionarios 'parados' por no poder teletrabajar se contaría por miles según esa estimación conservadora.
Sin dispositivos tecnológicos ni licencias para teletrabajar
La cifra de funcionarios 'parados' se ha reducido con el paso de las semanas por el trabajo a destajo de los servicios informáticos ministeriales, las puntuales adquisiciones de material tecnológico por parte del Gobierno para habilitar el trabajo en las unidades más críticas en esta situación y la disposición por parte de decenas de miles de funcionarios para utilizar sus propios equipos informáticos, sus propios teléfonos móviles y sus propias conexiones a la red para realizar su jornada laboral, según se encargan de recalcar en los sindicatos.
"La implantación de teletrabajo se está realizando de forma improvisada, al margen de toda planificación y sin información suficiente a los empleados públicos", se quejaba recientemente el portavoz del CSIF en el Ministerio de Justicia en un comunicado interno a los afiliados del sindicatos. La nota hablaba de la situación de colapso en el Registro Civil y de cómo los funcionarios de ese órgano estaban trabajando con sus propios equipos desde casa para tratar de sacar adelante la avalancha de trámites administrativos a resolver.
"Los pocos que no están trabajando, no están así porque no quieran o porque estén ociosos, sino porque no se les han puesto los medios necesarios para realizar su trabajo. Es muy importante recalcar esto. Son muchos los que incluso se han presentado voluntarios para cubrir las necesidades de personal de otros departamentos. No puede haber dudas sobre su compromiso con el servicio público", subraya Miriam Pinillos, responsable de Políticas Públicas de FSC-CCOO.
Fuentes del sindicato CSIF coinciden en el mensaje de la escasez de medios. "Llevamos años reivindicando la implantación de un plan de teletrabajo en la Administración, no nos han hecho caso y esta crisis nos ha cogido con los deberes por hacer. Se ha enviado por obligación a mucha gente a casa y no hay medios para garantizar que todos puedan trabajar", señala una fuente del sindicato.
Un portavoz de CCOO en el SEPE, uno de los organismos en los que más ha recaído el peso de la respuesta gubernamental a la crisis, admite que cuando todo empezó el organismo sólo tenía licencias para que un 10% de la plantilla pudiera teletrabajar. "El asunto se resolvió con cierta rapidez, pero en un primer momento nos creó muchos problemas". A día de hoy, más de la mitad de la plantilla -unos 3.500 trabajadores- está teletrabajando en condiciones de normalidad.
En otros organismos como el INE, la maniobra de la Dirección de solicitar 'voluntarios' para realizar los cuestionarios de las encuestas oficiales desde sus casas y con sus propios medios, ante la escasez manifiesta de recursos para poder habilitar un teletrabajo en condiciones, ha dado lugar a una decidida reacción sindical por los problemas de seguridad y protección de datos que podría acarrear para los funcionarios que se apuntaran.
La tardía respuesta del Gobierno
Escasez de licencias para trabajar en remoto, carencia de equipos informáticos propios para poner a disposición de los empleados, dificultades del soporte tecnológico para gestionar la carga de teletrabajo...los problemas se han acumulado en las cuatro últimas semanas y según las fuentes consultadas no son ajenos a los problemas de gestión administrativa que se han aflorado en el último mes, también al calor de una situación sin precedentes.
Este martes, un mes justo después de la declaración del estado de alarma y de la recomendación expresa del Gobierno de fomentar el teletrabajo también en la Administración, el Consejo de Ministros aprobó un listado de una decena de acuerdos para la adquisición de equipos informáticos, servicios de soporte técnico y licencias de software para desarrollar el teletrabajo en cinco ministerios por un importe agregado de 2,5 millones de euros. Es de imaginar que estas compras buscan atender necesidades perentorias en los ministerios afectados: Asuntos Económicos y Tranformación Digital, Presidencia, Justicia, Defensa y Ciencia e Innovación. Es de imaginar que en esos ministerios quedan funcionarios que esperan los medios necesarios para poder trabajar.
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