Colombia cuestiona oficina de la ONU en el país en medio de visita de Pillay

Bogotá, 16 jul.- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, cuestionó hoy la necesidad de prorrogar el mandato de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en el país, en plena polémica por las críticas de ese organismo a la respuesta policial en las protestas campesinas.

El anuncio de Santos se produce precisamente en el primer día de la visita a Colombia de la máxima representante de esa oficina, Navi Pillay, quien tiene previsto reunirse con el presidente y con otros representantes del Estado y de la sociedad civil a lo largo de esta semana.

El presidente defendió en un discurso en Bogotá los avances que ha experimentado Colombia en materia de Derechos Humanos y adelantó el mensaje que tiene pensado trasladarle a Pillay.

"Le voy a decir (a la Alta Comisionada de la ONU) que estamos discutiendo si realmente vale la pena prolongar ese mandato, o si se prolonga sería por muy corto tiempo, porque Colombia ha avanzado lo suficiente para decir: no necesitamos más oficinas de derechos humanos de las Naciones Unidas en nuestro país", señaló Santos.

Esta oficina de la ONU en Colombia, cuyo actual representante es el estadounidense Todd Howland, existe desde 1997 y ejerce una veeduría permanente de la situación humanitaria en el país.

El anuncio de Santos contrasta con la decisión anunciada por el vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, en abril pasado durante su visita a Ginebra, cuando amplió tres años más unilateralmente el mandato de colaboración de su Gobierno con esta oficina.

Según el Santos, Pillay va a "encontrar un país donde el respeto por esos derechos humanos es cada vez más evidente" durante su visita de cuatro días a Colombia, al tiempo que va a tener la oportunidad de conocer "unas Fuerzas Armadas que también se han venido transformando y que hoy pueden ser ejemplo".

Howland ha criticado la reforma al fuero penal militar aprobada y reglamentada en el Congreso este año, al considerar que deja puertas abiertas a la impunidad en crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública.

La semana pasada también hubo un cruce de declaraciones entre esta oficina y el Gobierno, después de que la ONU considerara que en las protestas campesinas del Catatumbo (noreste), que hoy cumplen 36 días y en las que han muerto cuatro campesinos, se registró un uso excesivo de la fuerza pública.

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, tildó entonces de "irresponsable y temerario" hacer afirmaciones sobre el fallecimiento de estas cuatro personas sin conocer el dictámen de la Fiscalía sobre los hechos.

En su discurso, Santos se refirió también a las dificultades de su Gobierno para llegar a un acuerdo con los portavoces de las protestas campesinas, pese a considerar que el Ejecutivo ha sido "muy tolerante" y "generoso".

Los manifestantes, que exigen la creación de Zonas de Reserva Campesina, el fin de la erradicación manual de las plantaciones de hoja de coca y alternativas a cultivos ilícitos, piden dialogar sobre un pliego de diez puntos mientras el Gobierno les ha exhortado sin éxito a que abandonen primero los bloqueos de vías que afectan especialmente al municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

"Lo que nunca, nunca voy a permitir es que me impongan las Zonas de Reserva Campesina a la fuerza, por ningún motivo, y se lo dijimos claramente" a los líderes de la protesta, enfatizó el presidente.

El mandatario, que pronunció un discurso en los actos de celebración del bicentenario del departamento de Cundinamarca, pidió a los campesinos del Catatumbo que levanten su protesta "porque no hay ningún motivo" para esas manifestaciones.

Mientras tanto, los disturbios entre campesinos manifestantes e integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional continuaron hoy Tibú donde un cámara de RCN Televisión recibió el impacto de una esquirla de un artefacto explosivo artesanal, según han denunciado medios locales.

Santos alertó también que detrás del paro convocado para mañana por los mineros y por los caficultores para el 19 de agosto hay intereses políticos y electorales y consideró injustificadas esas protestas.

"Nosotros seguiremos defendiendo los derechos de los colombianos, porque es la obligación de todo presidente y de todo Estado, de todo Gobierno. Cuando nos toque actuar con firmeza no nos temblará la mano", enfatizó.