Colombia pide a CorteIDH revisar la sentencia sobre la masacre de Mapiripán

Douglas Marín

San José, 23 nov.- El Estado colombiano pidió hoy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en Costa Rica, revisar la sentencia por el caso conocido como la masacre de Mapiripán, debido a la supuesta existencia de falsas víctimas.

La petición fue realizada durante una audiencia privada ante la CorteIDH, por una delegación del Estado colombiano encabezada por la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.

La Corte concedió tres meses de plazo al Estado para que presente un documento de solicitud de revisión que contenga pruebas acerca de la existencia de víctimas falsas que fueron indemnizadas tras la sentencia dictada en 2005.

"La revisión a la que aspiramos apunta, no a que se declare que la masacre no existió, porque existió, la reconocemos y la lamentamos, pero sí a que quienes se hicieron pasar por víctimas sin serlo y quienes recibieron reparaciones sin merecerlas, sean objeto de las determinaciones correspondientes", expresó Esguerra en conferencia de prensa.

El ministro comentó que si bien la CorteIDH nunca ha procedido a una revisión de sentencia porque en su reglamento no está prevista, sí existen antecedentes en los que "ha admitido la procedencia de la revisión en casos como este" en los que "los hechos reales no corresponden" a la resolución.

"Compartimos con la Corte la preocupación enorme que ha surgido con las noticias que demuestran que algunas de las pretendidas víctimas de la masacre de Mapiripán no fueron tales, que no tuvieron lugar ni el número de muertes, ni torturas de las que se había hablado", expresó Esguerra.

Hace algunas semanas la testigo Mariela Contreras se retractó de las declaraciones que hizo ante la justicia colombiana en 2002 y posteriormente ante la Corte Interamericana, sobre la desaparición de su marido y dos de sus hijos durante la masacre llevada a cabo por paramilitares en 1997.

El cambio de la declaración de la mujer generó un debate en Colombia sobre la magnitud de los crímenes cometidos, la sanción que corresponde a los responsables y el papel de la administración de justicia y de los abogados que representan a los denunciantes.

El funcionario aseguró que "no está en tela de juicio" la existencia de la masacre, sino que "el número de víctimas (49) del que se había hablado (en la sentencia) no corresponde con la realidad", ya que, según dijo, claramente solo hay 13 para el Gobierno.

Por su parte, Viviana Kristicevic, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), ente que actuó como representante de algunas de las víctimas del caso, afirmó a Efe que muchos de los afectados fueron identificados en la sentencia con información del propio Estado, aunque reconoció que es preocupante la posible existencia de falsos testimonios.

"La audiencia fue un espacio provechoso. Nos permitió expresar nuestra preocupación por la posibilidad de que alguna persona no tenga la calidad de víctima", dijo la abogada.

Agregó que Cejil pretende que "prevalezca la verdad y la justicia" en este asunto y que si se comprueba que alguna persona no merece la calidad de víctima, se le debería remover.

"Esperemos que el proceso permita esclarecer si alguno mintió o si alguna otra víctima murió en condiciones diferentes a las establecidas en la resolución", afirmó Kristicevic, quien aseguró que el Estado no presentó documentación amplia y pidió los tres meses de plazo a la Corte.

Por su lado, la canciller colombiana, María Ángela Holguín, afirmó que la audiencia fue "positiva" porque le permitió al Estado presentar su posición y aseguró que nunca se ha querido desacreditar la labor de la CorteIDH.

"Creemos que esta debe ser la instancia en la que se discute este tema. Creemos profundamente en el sistema interamericano, que la Corte y la Comisión (Interamericana de Derechos Humanos) son los entes que deben guiar los Derechos en la región y por eso estamos acá", manifestó la canciller.