Panamá, 30 jul.- Una comisión legislativa de la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá aprobó hoy recomendar al Pleno la separación del cargo de la defensora del Pueblo, Patria Portugal, por considerar que hay "indicios de oportunidad" en la adjudicación de dos contratos, informó la prensa local.
La Comisión de Credenciales recomendará la remoción del cargo a Portugal al cometer una "falla" disciplinaria y una "mala justificación en la aprobación de contratos" a personas con vínculos familiares, detalló el diario La Prensa en su versión digital.
Según la fuente, el diputado del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) Leandro Ávila confirmó que la resolución de la separación del cargo fue aprobada por la mayoría oficialista de la comisión, de nueve miembros.
El Pleno de la Asamblea determinará finalmente si Portugal continuará o no al frente de la Defensoría del Pueblo, de la que fue suspendida desde la semana pasada por las acusaciones de peculado por las que la procesa la Corte Suprema de Justicia.
Portugal se presentó ayer en la mencionada comisión para responder a un cuestionario de tres preguntas sobre unas polémicas contrataciones otorgadas por la Defensoría.
La defensora es investigada por adjudicar supuestamente de manera irregular dos contratos de forma directa a empresas vinculadas a una misma familia, por un monto total de 450.000 dólares, en un periodo de cinco meses.
El primero firmado en marzo de 2012 por 250.000 dólares para mejorar la imagen de la institución ante la sociedad panameña y otro por 200.000 dólares para un programa de atención al usuario.
El pasado 24 de julio, la CSJ suspendió a Portugal y le impuso una medida cautelar que le impide salir del país, luego de que el Ministerio Público (MP) presentara cargos de peculado en su contra por las polémicas contrataciones.
El magistrado de la CSJ José Ayú Prado, que actuó como juez de garantías, la suspendió hasta que un tribunal de apelaciones decida el recurso presentado en la audiencia por el representante legal de la defensora del Pueblo.
Ayú concedió un plazo de dos meses al MP para que pueda realizar sus investigaciones sobre el caso, y después de ello se anunciará la fecha de audiencia en el tribunal de apelaciones.
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