Valencia, 7 nov.- La instrucción de la pieza separada del caso Gürtel sobre posibles irregularidades de la Generalitat Valenciana en la contratación de servicios para varias ediciones de Fitur ha concluido y ha sido elevada a la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, que deberá poner fecha al juicio.
Según ha informado este tribunal, el magistrado responsable de la instrucción, José Ceres, ha dictado hoy una diligencia a través de la cual se da por concluida la investigación.
Esta causa cuenta con trece procesados, entre ellos las exconselleras de Turismo y actuales diputadas del PP Milagrosa Martínez y Angélica Such, ex altos cargos durante la etapa de Gobierno de Francisco Camps como Isaac Vidal, Jorge Miguel Guarro, Ana María Grau, Juan Bover y Rafael Betoret y los supuestos cabecillas de la trama corrupta Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, el Bigotes, entre otros.
La Fiscalía Anticorrupción reclama once años de prisión para Martínez, también expresidenta de Les Corts Valencianes, y Betoret -condenado ya en el conocido como "caso de los trajes"-, y la inhabilitación de nueve años para el ejercicio de cargo público para ambos.
En su escrito de acusación, presentado en enero, el Ministerio Público considera que la trama Gürtel habría facturado más de 5 millones de euros a la Generalitat por la instalación de expositores turísticos a pesar de que, en su opinión, no reunía las condiciones técnicas y económicas para haber accedido a esas adjudicaciones.
Según la Fiscalía, Martínez sería autora de un delito continuado de prevaricación administrativa y de otro de cohecho, mientras que Betoret, además de prevaricación, habría cometido también un delito de falsedad de documento oficial y sería cooperador de un delito continuado de malversación de caudales públicos.
A Such le atribuye un delito continuado de prevaricación administrativa, mientras que al resto los considera autores de un delito de falsedad en documento oficial y cooperadores o cómplices de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
También reclama catorce años de prisión para la coordinadora de las ferias de la Agencia Valenciana de Turismo Ana Grau y once para el exjefe del área de Mercados de la Agencia de Turismo Isaac Vidal.
Asimismo, pide siete años de prisión para el jefe del servicio de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo Jorge Guarro y su inhabilitación durante ocho años por considerarlo cómplice de prevaricación y de malversación.
Para los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, la Fiscalía solicita diez años y once años y medio de prisión, respectivamente, mientras que para el responsable de la empresa de la trama Orange Market en Valencia, Álvaro Pérez, el Bigotes, pide diez años por cohecho y tráfico de influencias.
A juicio de la Fiscalía, Orange Market "no solo no habría podido lograr ser adjudicataria de contrato alguno, sino incluso ser admitida como empresa participante en el concurso, por carecer de la necesaria solvencia técnica".
Esta es una de las seis piezas separadas dentro de la supuesta trama de financiación irregular del PP de la Comunitat Valenciana que investiga el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
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