Congresista peruana considera "maldad" vincular a Fujimori con Pablo Escobar

  • La congresista Martha Chávez, una de las principales representantes del fujimorismo, consideró hoy "una maldad" la supuesta intención de vincular al expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) con el narcotraficante Pablo Escobar.

Lima, 8 nov.- La congresista Martha Chávez, una de las principales representantes del fujimorismo, consideró hoy "una maldad" la supuesta intención de vincular al expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) con el narcotraficante Pablo Escobar.

El hijo de Escobar, Juan Pablo Escobar, aseguró hoy que la DEA (oficina antidrogas de EE.UU.) intentó chantajear a su familia para que dijera públicamente que Fujimori y su exasesor Vladimiro Montesinos hicieron negocios ilícitos con su padre.

En una entrevista con Efe, el primogénito del mayor criminal de la historia de Colombia dijo que ese ofrecimiento fue a cambio de que la esposa y los dos hijos del que fuera jefe del cartel de Medellín obtuvieran visas para salir de Colombia tras la muerte del capo y pudieran vivir seguros en Estados Unidos.

Al respecto, Chávez afirmó hoy a la emisora RPP Noticias que "jamás ha habido en el fujimorismo dinero del narcotráfico" y acusó a "supuestos defensores de la democracia, supuestos personajes de anticorrupción" de haber "querido enlodar al exmandatario Fujimori."

"Esta es una muestra de que una sarta de malvados pueden adherirse a una conspiración internacional", acotó.

Chávez acusó al exprocurador José Ugaz, quien fue elegido el mes pasado presidente de la asociación civil Transparencia Internacional, de ser "una de las mentes que quisieron enlodar al expresidente."

A pesar de ello, la legisladora dijo que desconoce los motivos que pudo tener la DEA para haber intentado supuestamente involucrar a Fujimori con el narcotráfico y remarcó que no se puede creer a ciegas todo lo que diga el hijo de un narcotraficante.

Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad en los casos de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde murieron 25 personas a cargo del grupo militar encubierto Colina, y por el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.

El exgobernante invocó el viernes "razones humanitarias" para solicitar a un tribunal que le conceda el arresto domiciliario, un pedido que deberá ser resuelto en unos quince días, plazo que sus miembros tienen para votar y comunicar su decisión.

El expresidente ha recibido además tres sentencias por delitos de corrupción que ya se cumplieron y actualmente es enjuiciado por el cargo de peculado (mal uso de fondos públicos), por el que se ha pedido ocho años de prisión.

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