Congreso de México faculta al Ejecutivo a indultar reos con derechos violados

México, 29 oct.- El Congreso mexicano aprobó hoy una adición al Código Penal Federal con el que faculta al presidente de la República para que indulte a presos cuyos derechos humanos hayan sido "gravemente" violados.

Por 442 votos en favor, cero abstenciones y cero votos en contra la Cámara de Diputados avaló la minuta que capacita al titular del Poder Ejecutivo federal a conceder indulto "por cualquier delito del orden federal o común" cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada.

El indulto se concedería "previo dictamen del órgano ejecutor de la sanción en que se demuestre que la persona sentenciada no representa un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas".

Con esta nueva norma, anteriormente modificada y avalada por el Senado, el Ejecutivo "deberá cerciorarse de que la persona sentenciada haya agotado previamente todos los recursos legales nacionales" y, en caso de otorgar el indulto, lo hará "sin condiciones adicionales o con las que estimare convenientes".

"Con la reforma se establece la facultad para la Cámara de Diputados y el Senado para poder solicitar al Ejecutivo el indulto", explicó en declaraciones a la prensa el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya.

De acuerdo con el legislador, dicha iniciativa permitirá hacer justicia a las personas condenadas en procesos judiciales irregulares, como el caso particular del profesor indígena Alberto Patishtán.

"La reforma al Código Penal en materia de indulto presidencial beneficiaría al indígena tzotzil Alberto Patishtán Gómez, pero también a otras personas en situación similar", consideró Anaya.

Patishtán Gómez, un maestro indígena bilingüe, se encuentra preso desde hace 13 años, acusado de homicidio y lesiones calificadas, daños en propiedad ajena y porte ilegal de armas de fuego.

Se le señala como responsable de emboscar y matar él solo a siete policías estatales que iban a bordo de una patrulla en un paraje del sudoriental estado de Chiapas en junio de 2000, por lo que fue sentenciado a 60 años de cárcel.

A mediados del pasado mes de agosto, Amnistía Internacional consideró injusta su sentencia y encontró irregularidades en el proceso.

Según la minuta legislativa, que ahora será enviada al Ejecutivo para su promulgación, la nueva norma es "una alternativa para aquellos casos en que en el proceso jurisdiccional se hubieren constatado violaciones graves al debido proceso o afectaciones en el derecho a la adecuada defensa, que hubieren desembocado en la imposibilidad de probar la inocencia de una persona".