Congreso de Perú anuló criticada elección de magistrados y otros funcionarios

  • El Parlamento de Perú anuló hoy en una sesión extraordinaria la cuestionada elección de seis magistrados del Tribunal Constitucional, de la Defensora del Pueblo y de tres miembros de directorio del Banco Central de Reserva, que desató protestas en Lima.

Lima, 24 jul.- El Parlamento de Perú anuló hoy en una sesión extraordinaria la cuestionada elección de seis magistrados del Tribunal Constitucional, de la Defensora del Pueblo y de tres miembros de directorio del Banco Central de Reserva, que desató protestas en Lima.

El Congreso aprobó, con 107 votos de los 120 parlamentarios que integran el Parlamento unicameral, la anulación de la designación de seis magistrados para el Tribunal Constitucional (TC), hecha hace una semana y que generó una ola de protestas por los cuestionamientos a varios de los elegidos.

Durante dos días, el mismo día de la elección y el lunes pasado, cientos de jóvenes, entre estudiantes, militantes del partido Aprista del expresidente Alan García y de movimientos de izquierda, marcharon por las calles del centro de Lima para expresar su rechazo al Congreso por estas designaciones realizadas en la última jornada de la legislatura ordinaria.

La reacción popular fue avivada por la difusión, hecha por un diario local, de las coordinaciones realizadas por los voceros del partido oficialista Gana Perú, de Perú Posible del expresidente Alejandro Toledo, del movimiento Fuerza Popular del exmandatario Alberto Fujimori y de Alianza por el Gran Cambio para distribuir los cargos entre sus allegados.

Los magistrados designados habían sido el jurista Francisco Eguiguren, los ex legisladores oficialistas Cayo Galindo y Víctor Mayorga, y los abogados Rolando Sousa, José Luis Sardón y Ernesto Blume.

Mayorga es actualmente embajador en Cuba pero fue cuestionado por el mismo Tribunal Constitucional por su actuación como juez en la región de Madre de Dios, mientras que Galindo fue denunciado por su presunta participación en la entrega de permisos irregulares de pesca.

Sousa, también exlegislador, es uno de los abogados del expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión, y ha defendido sonados casos como el de la familia Sánchez Paredes por narcotráfico.

Hace unos días, otro abogado de Fujimori, César Nakazaki, anunció que pedirá al Constitucional la anulación de la condena a 25 años de cárcel contra el exmandatario por abusos de los derechos humanos.

Asimismo, el Parlamento anuló también hoy la designación de la abogada Pilar Freitas como Defensora del Pueblo con 108 votos y una abstención.

Freitas propuesta por el partido Perú Posible de Toledo, aliado del gobierno, fue destituida de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, fue procuradora del Estado y actualmente es concejal en la Municipalidad de Lima.

Una de las movilizaciones de protesta de jóvenes llegó hasta la casa de Freitas para lanzar consignas contra su elección en la Defensoría del Pueblo bajo la presunción de que pretendería proteger a Toledo desde ese cargo.

El expresidente Toledo es actualmente investigado por la Fiscalía de la Nación por presunto enriquecimiento ilícito y su alianza con el oficialismo en el Congreso ha impedido que se forme una comisión especial investigadora en su contra.

Durante la sesión extraordinaria del Parlamento también fue anulado el nombramiento de los economistas Francisco Gonzáles, Drago Kisic y Gustavo Yamada como miembros del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) con 99 votos a favor y cinco abstenciones.

La indignación de diversos sectores se extendió a través de convocatorias en redes sociales y el mandatario peruano, Ollanta Humala, declaró que también se sentía "decepcionado" e "insatisfecho" por los nombramientos.

"Los exhorto a que den un paso al costado y permitan que el Congreso vuelva a estar en sintonía con la ciudadanía", declaró el mandatario un día después de la designación.

Uno a uno los magistrados y los demás funcionarios elegidos fueron presentando sus renuncias, las últimas de las cuales fueron las de Freitas y Sousa para poder proceder con la anulación en el Congreso y convocar a un nuevo proceso de elección en agosto.

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