Controladores. La fiscalía contempla cárcel de 3 meses a 8 años para quienes abandonaron su trabajo

La Fiscalía General del Estado cree que los controladores que abandonaron su puesto de trabajo el viernes y provocaron la paralización del tráfico aéreo en toda España pueden haber incurrido en un delito que acarrea penas de cárcel de entre tres meses y ocho años.
Fuentes del Ministerio Público aseguraron a Servimedia que el paro llevado a cabo por los controladores aéreos está tipificado como un delito contra la navegación aérea, aunque la sanción varía en función del perjuicio que hayan ocasionado los trabajadores.
La ley contempla penas de cárcel de entre tres meses y tres años para quienes "de manera colectiva" abandonen su puesto de trabajo en el séctor sin justificar las causas.
Si ese cese de la actividad laboral provoca perturbaciones en el servicio aéreo, como ocurrió con el cierre del tráfico y con el perjuicio a cientos de miles de viajeros, el castigo para los controladores puede incrementarse de manera considerable.
En tales casos, la condena puede ser de entre 3 y 8 años de prisión por abandonar las responsabilidades laborales con claro daño al servicio del transporte.
Las fuentes consultadas aseguraron que la Fiscalía investigará, además, con minucioso cuidado si algunos de los controladores o de sus dirigentes sindicales presionaron a los compañeros para que abandonaran el puesto.
Desde el Ministerio de Fomento, que dirige José Blanco, tienen "serias sospechas" de que los máximos responsables de los sindicatos de controladores coaccionaron al resto para que no se presentasen en las torres de control.
Si se confirma, la Fiscalía pedirá sanciones más duras para los instigadores, a los que pretende atribuir la "máxima responsabilidad" de todo lo ocurrido entre la tarde del viernes y la mañana del domingo, cuando se normalizó por completo el tráfico aéreo.
De momento, no se ha producido ningún caso de controladores que hayan faltado a sus obligaciones desde que el Ejecutivo aprobó el sábado el decreto de alarma, por el que este colectivo quedaba movilizado de forma extraordinaria.
Practicamente todos los controladores volvieron desde ese instante a su puesto de trabajo, sin excepciones. Si no lo hubieran hecho, además, se enfrentarían a un delito de desobediencia que puede conllevar otros tres años más de cárcel.