Controladores. La fiscalía del estado pedirá penas de hasta ocho años de prisión para los controladores

ZARAGOZA, 09 (SERVIMEDIA/ARAGÓN PRESS)

Las “bajas masivas” de los controladores aéreos estarán penadas con hasta ocho años de prisión. Así lo ha asegurado el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien ha presidido en Zaragoza una reunión de la Junta de Fiscales de las Comunidades Autónomas.
Concretamente, Conde-Pumpido ha afirmado que estarán imputados de un delito de sedición, es decir, se enfrentan a penas de entre tres y ocho años de cárcel por alzarse pública y tumultuariamente para impedir la aplicación de las Leyes.
El fiscal general del Estado ha calificado este abandono de sus puestos de trabajo como “muy grave” y lo ha comparado con el supuesto de que todos los médicos de los hospitales dejaran de atender a los pacientes por un descontento laboral.
A su juicio, el conflicto protagonizado por los controladores no es un problema laboral, porque no se han utilizado las vías legales previstas en estos casos, sino que se ha producido un “abandono” del puesto de trabajo “premeditado”, “concertado” y “colectivo”, con un “grave” daño para los ciudadanos y para España.
En estos momentos, hay veinte diligencias abiertas en las Fiscalías de las Comunidades Autónomas y más de 400 personas a los que se va a exigir la correspondiente responsabilidad. Es por ello que en cada audiencia provincial, donde exista un aeropuerto y se haya cometido un hecho delictivo se abrirá procedimiento.
Cándido Conde-Pumpido ha confirmado que todos los que han participado en estas “bajas masivas” han cometido este hecho delictivo son “responsables”, aunque ha admitido la Ley establece que los dirigentes tienen una “sanción mayor”.
Asimismo, ha aseverado que los hechos que pudieran cometerse a partir de las 13.00 horas del pasado sábado –momento en el que el Consejo de Ministros decretó con urgencia el estado de alarma– serían enjuiciados por la jurisdicción militar.
ESTADO DE ALARMA
El fiscal general del Estado también ha defendido que el estado de alarma es un “hecho constitucional”, ya que está previsto para situaciones de emergencia en las que se hace necesario acudir a los instrumentos que la Constitución proporciona para resolver un problema que afecta a un gran número de ciudadanos.
“Existen cientos de miles de perjudicados y nos encontramos ante la paralización de un servicio público esencial, no se han cumplido en absoluto los servicios mínimos y se causa una gran calamidad con situaciones trágicas para una multitud de personas”, ha justificado.
Sobre el hecho de que el estado de alarma se prolongue durante quince días, Conde Pumpido ha recordado que es el plazo que establece la Carta Magna.
También ha querido diferenciar el estado de alarma y el de sitio porque en el segundo “la jurisdicción militar se extiende a delitos que no son militares, pero en el estado de alarma los delitos que se aplican son estrictamente militares y a personas que, al haber sido movilizadas, se asimilan a militares”.