Coordinadoras de médicos advierte contra intención de "privatizar" las bajas

Ávila, 28 jun.- La Coordinadora Estatal de Médicos Evaluadores (CEMEV) y la Asociación Profesional de Médicos Evaluadores de la Seguridad Social (APROMESS) han advertido hoy de la "intención" del Gobierno de "privatizar" las bajas médicas y han expresado su "más absoluto rechazo".

En un comunicado remitido a Efe, los presidentes de ambas organizaciones, José Luis San Martín y José Manuel Vicente Pardo, han criticado la posibilidad de que el Ejecutivo ponga "en manos de las Mutuas de Accidentes de Trabajo la gestión integral de las prestaciones de Incapacidad Temporal (IT) por bajas médicas".

San Martín y Vicente Pardo han realizado esta denuncia tras haber conocido el contenido de un borrador de reforma de la Ley de Mutuas, según el cual "se va a facultar a estas entidades para gestionar las IT por enfermedad común, con el mismo alcance que ahora disponen para el accidente de trabajo".

Ambos han recordado que, aunque las mutuas de accidentes de trabajo se definen como entidades colaboradoras de la Seguridad Social, "en esencia son agrupaciones empresariales y, por tanto, tienen unos intereses y objetivos claramente en consonancia con los de las empresas que se asocian, careciendo de control médico independiente sobre sus actuaciones".

Desde su punto de vista, de continuar adelante esta idea "la mayor parte del aseguramiento de la incapacidad temporal quedará en manos de entidades privadas, como las mutuas", lo que supondrá que el organismo público del INSS tenga un "carácter residual a estos efectos y con escasos instrumentos para un adecuado control de estas situaciones".

En su opinión, si este borrador sirve como base a la nueva ley, "el trabajador quedará indefenso ante las actuaciones de las mutuas", lo que en su opinión supone "un paso atrás en la labor de control, tutela y mediación independiente que hasta ahora tenía el INSS en la gestión de las bajas".

Bajo su punto de vista, esta posible "privatización" se está haciendo "utilizando una estrategia de desprestigio de lo público".

Por ello, ambos organizaciones se han puesto a disposición de todos los grupos parlamentarios para "colaborar con éstos en los trámites que deban seguirse con el correspondiente proyecto de ley".