Los posibles rebrotes de coronavirus son una amenaza que el Gobierno tiene muy presente. Por eso, los departamentos que lo conforman ya están preparándose para mitigar los posibles efectos de una repetición de la crisis sanitaria que ha provocado más de 27.000 muertos y la paralización del país durante más de dos meses. Una de esas previsiones tiene que ver con las residencias de ancianos, que han sido la 'zona 0' del virus por la alta cantidad de fallecidos que han registrado en sus instalaciones. Por eso, la Vicepresidencia de Derechos Sociales ya está elaborando un plan para vincular de una manera eficaz estos centros con los hospitales a través de un proceso de interconexión, como ha podido saber La Información. Todo para evitar que, como ha ocurrido durante la pandemia, se vuelva a fallar a los mayores que viven en estos emplazamientos, a los que el sistema sanitario de algunas comunidades llegó a rechazar por su avanzada edad.
El Ejecutivo no quiere que se vuelva a producir una situación como la actual, donde miles de personas que pasaban su día a día en estos centros no contaron con la asistencia sanitaria que les corresponde. Uno de los motivos fue la decisión de autonomías como Madrid, Cataluña o Castilla y León de dar instrucciones a sus sistemas de sanidad para que no aceptaran a los más mayores cuando se estaba produciendo el pico de la enfermedad, como ha trascendido en las últimas semanas. Unos triajes que ya han sido denunciados ante la Justicia, y que afectaron a todos los que tenían síntomas compatibles con el coronavirus en regiones como la madrileña y la castellano-leonesa, además de a los mayores de 80 años en la autonomía catalana.
Como señalan fuentes del Ejecutivo, "el sistema sanitario ha fallado a los ancianos de las residencias". Un "escándalo" que no quieren que se vuelva a repetir en un posible regreso con fuerza del virus dentro de unos meses, ya que "todos los internos tienen derecho a una sanidad pública, gratuita y universal". El plan que se está diseñando contemplaría una relación más fluida entre los emplazamientos en los que viven los mayores y los hospitales que les correspondan por cercanía o por área sanitaria. La tesis principal es facilitar que los ancianos sean trasladados y atendidos sin importar su edad o su estado de salud, impidiendo así que se produzcan los triajes. También, que se facilite al sistema sanitario saber cuántas residencias le corresponderían a cada zona para que sus centros no se vean sorprendidos por un aluvión de mayores.
Las comunidades, claves para el plan
El siguiente paso que tendrá que dar el Ejecutivo es convencer a las comunidades de que apliquen su mecanismo, ya que las competencias en este ámbito están transferidas a todas ellas. Será ahí cuando se incidirá en que es una necesidad garantizar que todos los mayores puedan beneficiarse de los tratamientos médicos que les correspondan por el virus, sea cual sea su situación o su edad. "Hay que fortalecer ese canal para que no vuelva a ocurrir este drama", explican las fuentes gubernamentales consultadas, que defienden la decisión de haber declarado como "esencial" los servicios sociales para intentar mitigar el sufrimiento que se vivió en las residencias en las primeras semanas de confinamiento.
Ese diagnóstico de que el sistema dejó de lado a los mayores lo comparten patronales del sector como AESTE. Para su secretario general, Jesús Cubero, se "abandonó a su suerte" a una "generación que se desvivió por sus hijos y por sus nietos, a la que se dejó sin respuesta cuando más lo necesitaban". "Nuestra obligación es cuidar, no curar. Pero en esta época de saturación, sobre todo en Madrid y en Cataluña, nos decían que no se podía atender a nuestros ancianos", destaca Cubero, que admite que "ningún sistema sanitario estaba listo para esto". Además, denuncia que en ciertos lugares "sí se atendía a mayores que pedían ayuda desde su domicilio cuando se rechazaba a los que vivían en un centro".
Sobre la responsabilidad de los gestores de los emplazamientos en la problemática, desde AESTE señalan que "alguna de las más de 5.400 residencias puede haber hecho las cosas mal, pero la mayoría lo han hecho inmensamente bien". Un análisis que comparten en el Gobierno, donde se defiende que son muchos más los que sí se ocuparon de la manera adecuada de sus ancianos. "Ahora todo está más controlado. Empezamos a tener cierta normalidad, ya se puede andar por espacios comunes y pronto habrá salidas a la calle, pero siempre en función del número de contagios. Lo siguiente que esperamos es que nos autoricen las visitas de familiares", incide el representante de la patronal.
Discrepancia por la medicalización
Las coincidencias entre administración y patronales en este asunto son numerosas. Pero la medicalización de estos centros es una cuestión que aún separa a ambas partes de alcanzar un consenso total. Esta fórmula de convertir las residencias en entornos de salud, que también ha sido reclamada por varias comunidades, es algo que el Ejecutivo central ha descartado por el momento. Las fuentes consultadas apuntan a que el problema ha sido del sistema sanitario, y que por eso hay que reforzar el vínculo entre los dos ámbitos. "Hay que fortalecer a la sanidad pública y que exista este enlace para que ningún mayor se quede sin atender. Todos los que viven ahí tienen derecho a ello. Los mecanismos de enlace han fallado y no puede volver a pasar", insisten.
Para AESTE, lo ocurrido evidencia que sí es necesaria la medicalización que reclaman. Su propuesta es "pensar en las necesidades de una población envejecida de aquí a los próximos 15 años", ya que "si vivimos más, necesitamos más asistencia sanitaria inmediata", explica Jesús Cubero. "Si hay una saturación de hospitales, que haya médicos y enfermeros en los centros facilita el tratamiento. Hay que hacer un plan de coordinación para convertirlos en centros sociosanitarios que puedan atender al que lo necesite", recalcan desde AESTE, que abogan por ir a un modelo como el francés, donde la plaza del interno la asumen los Servicios Sociales y la atención sanitaria al mismo corresponde al departamento de Sanidad. "Tenemos que adaptarnos a las necesidades del usuario. Tendría más sentido poder tratarles allí que hacer un traslado al hospital", defiende Cubero.
Este alto número de fallecidos en los centros donde viven los mayores ha motivado uno de los grandes escándalos de esta etapa excepcional, después de que nadie evitara que el virus se cebara con una generación que ha sido clave para los avances de todo el país. Hasta el momento, han fallecido casi 19.000 personas en las residencias, según los datos facilitados por las comunidades autónomas. Una cifra que hace que este grupo de población suponga el 68% del total de fallecidos en todo el país por la Covid-19, que alcanza ya las 27.940 víctimas en algo más de dos meses. Una situación dramática que ha provocado un aluvión de denuncias ante la Fiscalía, que sigue estudiando muchas de ellas a la vez que archiva otras.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios