Ernest Johnson, de 55 años, debía ser ejecutado después de las 6H00 locales (00H00 GMT del miércoles) en Missouri.
Condenado por el asesinato de tres empleados de una estación de servicio en 1994, Johnson sufre de un tumor cerebral de evolución lenta, parcialmente removido en 2008.
La ejecución debía ser realizada con drogas que incluyen el pentobarbital, que adormece el sistema nervioso central, incluidas partes del cerebro.
Los abogados de Johnson sostienen que el uso de esta droga causará a su cliente un sufrimiento "intolerable", lo que violaría la prohibición constitucional de aplicar "castigos crueles".
Los defensores también argumentaron que Johnson padece de una discapacidad intelectual.
"Se resuelve aplicar la suspensión de la ejecución (...) a la espera de la resolución sobre el recurso del demandante", indicó la corte en su resolución.
En una decisión de la semana pasada una corte de Missouri admitió que Johnson podría sufrir una muerte tan dolorosa como para violar la disposición constitucional.
Las discusiones sobre el caso de Johnson tienen lugar en medio de un debate en Estados Unidos sobre el uso de la inyección letal para las ejecuciones, tras algunos casos en los que los convictos parecieron sufrir extremadamente.
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