Corte internacional visitará pueblo indígena que ha demandado a Ecuador

Quito, 19 abr.- Dos jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos visitarán el sábado la comunidad indígena ecuatoriana de Sarayaku, que ha demandado a Ecuador por otorgar una concesión petrolera en su territorio sin su consentimiento, confirmó hoy el Procurador, Diego García Carrión.

Irán a la comunidad el presidente del tribunal, Diego García Sayán, y la jueza Rhadys Abreu Blondet, así como representantes de la procuraduría, del propio pueblo sarayaku y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El territorio sarayaku, donde viven 1.200 personas, está localizado en la Amazonía ecuatoriana, a media hora en avioneta desde la localidad más cercana o un día en canoa a motor.

El enfrentamiento entre este pueblo quichua y el Estado comenzó en 1996, cuando el Gobierno de entonces otorgó a la empresa argentina Compañía General de Combustibles (CGC) el derecho a explotar el petróleo en su tierra "sin ningún proceso de información, consulta o pedido de consentimiento", según dijo la comunidad en una declaración.

Los sarayaku esperan que una sentencia a su favor cree un precedente legal para toda América Latina que obligue a los Gobiernos a preguntar a las comunidades indígenas antes de dar concesiones petroleras o mineras.

García Carrión dijo hoy en una rueda de prensa que ninguna ley obligaba al Estado a realizar la consulta en 1996.

La Constitución de 1998 primero y la actual, de 2008, sí recogen el derecho de los indígenas de ser consultados sobre planes de explotación en sus territorios.

No obstante, el procurador dijo hoy que "esta consulta no es un derecho de veto de parte de la población para realizar actividades de extracción".

Otro tema pendiente es qué hacer con la casi tonelada y media del pentolita que CGC dejó enterrada en el territorio sarayaku, un explosivo que usaba para abrir claros en la selva donde establecer sus instalaciones.

Ecuador destinó entre 2008 y 2009 a un grupo de expertos de la policía a su extracción, pero solo sacó 14 kilogramos, pese a que la Corte había ordenado que desenterrara todas las cargas, según los demandantes.

García dijo que el equipo "no pudo concluir precisamente por la oposición y la actitud de la población sarayaku", y añadió que ahora según consideraciones técnicas "sería más conveniente que la pentolita sea detonada o mantenida en el lugar".

El procurador explicó que su retirada "implicaría el ingreso de maquinaria, equipos y personal que tendría que excavar dentro de ese territorio y causaría un impacto mayor al que puede causar el mantenimiento de la pentolita en el lugar".

En todo caso, afirmó que si la Corte ordena a Ecuador sacar los explosivos, el Estado tendrá que hacerlo.

García dijo también que Ecuador solicitó la visita de los jueces a la comunidad, para que constataran "la situación de la población" y que inicialmente los sarayaku se opusieron.

Los magistrados participarán la semana que viene en el 45 Período Extraordinario de Sesiones de la Corte, que tendrá lugar en la ciudad costera de Guayaquil, y durante el cual analizarán casos de El Salvador, Argentina, Honduras y Guatemala.