El parecer del máximo tribunal podría reiniciar el trámite en el Congreso para determinar la admisibilidad del pedido de juicio a la mandataria -presentado por un grupo de juristas y apoyado por la oposición- por aumentar gastos sin permiso previo del Congreso y de tapar agujeros del presupuesto con préstamos de bancos estatales.
Hace una semana, una votación secreta en la Cámara de Diputados en la cual una lista opositora derrotó holgadamente a la apoyada por Rousseff eligió a una comisión legislativa que analizará si el procedimiento de impeachment debe proseguir o no.
Pero congresistas aliados del gobierno cuestionaron la constitucionalidad de dicha comisión ante la Corte Suprema, que suspendió el proceso hasta este miércoles.
Los legisladores pidieron a los jueces que clarifiquen si la votación no debió haber sido pública, si la mandataria no tiene derecho a una defensa previa y si el Senado no debe ratificar una potencial decisión afirmativa de los diputados para separarla del cargo.
La sesión de la Corte Suprema es un paso más en la judicialización del impeachment, que ha estado salpicado de recursos jurídicos mucho antes de que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, decidiera este mes aceptar uno de los varios pedidos de destitución de la presidenta presentados en 2015.
Según "el rito" más aceptado hasta el momento, Rousseff será suspendida de la presidencia por hasta seis meses si la cámara baja aprueba con dos tercios de los votos un eventual parecer positivo de la comisión.
En ese caso, el Senado debe juzgar a la presidenta y decidir si la destituye o no.
Rousseff, una exguerrillera de izquierda de 68 años reelecta para un segundo mandato hace menos de un año, enfrenta tormentas en todos los frentes, con la economía en recesión desde el segundo trimestre, déficit fiscal, una inflación superior a dos dígitos y un desempleo creciente.
La coalición de gobierno está fisurada, un megaescándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras salpica a todo el establishment político y el Congreso demora en aprobar el crucial plan de austeridad presentado por el gobierno.
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