Corte Suprema de Justicia absuelve a expresidenta del Congreso colombiano

  • La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia absolvió "por duda razonable" a la expresidenta del Congreso Nancy Patricia Gutiérrez, implicada en un proceso por tráfico de influencias relacionado con una trama de espionaje montada por la liquidada central de inteligencia del Estado.

Bogotá, 14 jun.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia absolvió "por duda razonable" a la expresidenta del Congreso Nancy Patricia Gutiérrez, implicada en un proceso por tráfico de influencias relacionado con una trama de espionaje montada por la liquidada central de inteligencia del Estado.

Así lo expresa la CSJ en un fallo divulgado hoy y que le devuelve la libertad a Gutiérrez, con detención domiciliaria desde mayo de 2011.

La Corte investigaba a Gutiérrez por, supuestamente, haber pedido indebidamente información acerca de los gastos de la exsenadora Piedad Córdoba en un viaje de esta a México.

Los delitos que se le imputaban eran "tráfico de influencias de servidos público".

Gutiérrez presidió el Congreso de 2007 a 2008 y desde el Senado, cámara a la que perteneció, promovió un debate contra su entonces colega Córdoba, quien ha mediado ante las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la puesta en libertad de rehenes de esta guerrilla.

En dicho debate, que fue realizado el 25 de marzo de 2008 en un pleno del Senado, Gutiérrez presentó informes de inteligencia sobre Córdoba entregados por el liquidado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, estatal).

Los informes eran, supuestamente, de naturaleza reservada y, con su obtención, la entonces senadora Gutiérrez pudo incurrir en "tráfico de influencias de servidor público", cargo por el que la Sala Penal de la CSJ la llamó a juicio el 21 de septiembre del año pasado.

La exsenadora Córdoba es considerada una de las víctimas de la trama de escuchas y seguimientos ilegales que el DAS montó durante una gran parte de los dos Gobiernos del ahora expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

La campaña de espionaje afectó a magistrados de la CSJ, políticos de oposición, periodistas y defensores de los derechos humanos, entre ellos de organizaciones internacionales.

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