Douglas Marín
San José, 22 ene.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en Costa Rica, tendrá la primera oportunidad de pronunciarse sobre el golpe de Estado ocurrido en Honduras en 2009 al realizar audiencias sobre el caso del despido de cuatro jueces que se opusieron al levantamiento.
La directora para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Marcia Aguiluz, dijo hoy en una entrevista con Efe que este es el primer caso relacionado con el golpe de Estado que llega a la CorteIDH.
Esa corte internacional citó a audiencias sobre el caso de los jueces hondureños, que se celebrarán el 2 y el 3 de febrero próximos.
El litigio se refiere a los despidos de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, así como de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza.
"Es la primera oportunidad que tiene la Corte para pronunciarse sobre el golpe. El tema se refiera a despidos arbitrarios de los jueces que básicamente lo que hicieron fue pronunciarse en contra del golpe y cuestionaron la posición de la Corte Suprema de Justicia, que entonces los despide", manifestó Aguiluz.
La representante de CEJIL, ONG que representa a las víctimas ante la CorteIDH, explicó que en Honduras se acostumbra a abrir procedimientos disciplinarios como una forma de "castigar a jueces incómodos", lo que "afecta el derecho de la sociedad a tener jueces imparciales".
"Este caso es importante para el continente porque la Corte tiene la posibilidad de pronunciarse sobre las garantías que deben reunir los procesos disciplinarios contra los jueces", afirmó Aguiluz.
El exjuez Barrios dijo vía teléfono que uno de los objetivos de la demanda contra Honduras es que la CorteIDH ratifique los derechos de los jueces a la libertad de expresión y de asociación.
Por su parte, el exjuez López comentó que espera una sentencia contra el Estado que garantice la independencia judicial y que la CorteIDH ordene cambios en la legislación sobre los procesos disciplinarios que se abren a los trabajadores judiciales.
López agregó que la demanda también busca que la CorteIDH ordene al Estado reintegrar en sus cargos a los cuatro funcionarios despedidos.
López dijo que su despido y el de Tirza Flores se produjeron cuando formaban parte de la Asociación de Jueces por la Democracia y se manifestaron en contra del golpe de Estado y denunciaron afectaciones a la democracia y los derechos humanos.
"Con el golpe había mucha polarización y la asociación tomó una posición muy fuerte contra la sucesión" presidencial que ocurrió, expresó Flores.
Para la exmagistrada, con los procesos disciplinarios que existen en los reglamentos y leyes de Honduras, los jueces ejercen su labor con "temor" y aseguró que esto afecta el derecho a la justicia de los ciudadanos.
La CorteIDH verá este caso en febrero en una audiencia pública, en la que escuchará al exjuez López, dos peritos, así como los alegatos finales orales de las partes.
La representante de CEJIL aseguró que este caso también servirá para luchar contra la impunidad que existe en Honduras por diversas violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el marco del golpe de Estado al expresidente Manuel Zelaya.
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